IRREGULAR ADJUDICACIÓN DE DESTINOS DE LOS NUEVOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

El Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, mediante Orden publicada hoy en el Boletín Oficial de Aragón, ha acordado el nombramiento, como funcionarios de carrera, de los nuevos Administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, tras concluir el proceso selectivo convocado en marzo de 2015, adjudicando a los mismos primer destino con carácter provisional.

Debe señalarse el carácter irregular de tal decisión, pues como señala el artículo 28.3 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cabrá adjudicar destino provisional a los funcionarios de nuevo ingreso cuando las vacantes estén pendientes de resolución de concursos para la provisión de puestos de trabajo. Y en el presente caso, no existe concurso de provisión convocado que se halle pendiente de resolución, y además determinados puestos adjudicados como destino provisional no son vacantes, sino puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, no susceptibles de inclusión en oferta de empleo, ni consecuentemente susceptibles de adjudicación a los funcionarios de nuevo ingreso. 

No es nueva la irregular actuación de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios en la adjudicación de primeros destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, abusando indebidamente del destino provisional, cuando no hay concursos pendientes que lo justifiquen, y vulnerando seguidamente el acceso posterior al destino definitivo, al permitir que los nuevos funcionarios accedan al mismo a través de concurso de méritos, en lugar de hacerlo, como señala la Ley, en procesos de elección de destino ofertados a los nuevos funcionarios, según las preferencias manifestadas por riguroso orden de puntuación final.

No solo nos hallamos ante una actuación arbitraria que se aparta de la legalidad, lo que constituye en sí misma una grave vulneración del ordenamientos jurídicos, sino que como consecuencia de ello se produce una manifiesta vulneración de los derechos de los afectados: en primer lugar, se lesiona el derecho que asiste a los funcionarios de nuevo ingreso a acceder a un destino definitivo, atendiendo exclusivamente al orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo; y, en segundo lugar, pero no por ello menos trascendente, se lesiona el derecho a la permanencia en su puesto del personal interino que ocupa puestos reservados, que se ven indebidamente desplazados al ofrecerse tales puestos de manera arbitraria e irregular a los funcionarios de carrera de nuevo ingreso, a pesar de que tales puestos no pueden ser objeto de inclusión en la oferta de empleo público, no computan como necesidades de nuevo personal, y por lo tanto, difícilmente pueden ofertarse como primer destino a los nuevos funcionarios.

Todo lo acontecido nos sitúa ante una actuación claramente ilegal del Departamento de Hacienda y Administración Pública, con graves repercusiones en los derechos del conjunto de las personas afectadas, pero también, por lo que afecta al ámbito de actuación de esta Asociación, con un claro desconocimiento del principio de legalidad al que debe quedar sometida la Administración Pública en todas sus actuaciones, desvirtuando de manera inaceptable las reglas objetivas que han de presidir las condiciones de adjudicación de primer destino a los funcionarios de nuevo ingreso.

Las leyes no pueden quedar a merced de la voluntad arbitraria de los responsables públicos, pues ello es abiertamente contrario a las exigencias del Estado de Derecho y supone una lesión inadmisible de los derechos de las personas que se ven afectados y desconocidos, como sucede en el presente caso con todos aquellos funcionarios interinos que ocupan plazas reservadas a funcionarios de carrera y que no pueden ser objeto de inclusión de los procesos selectivos, pues la norma las excluye expresamente como necesidades de selección de nuevo personal.

Frente al desconocimiento de la legalidad por parte de la Administración, desde esta Asociación se va a formular denuncia por vulneración de la legalidad ante la Inspección General de Servicios del propio Departamento de Hacienda y Administración Pública, así como ante el Justicia de Aragón, y ante los Grupos Parlamentarios, solicitando a éstos que se requiera la inmediata comparecencia ante las Cortes de Aragón del Consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, para que aclare la irregular actuación de su Departamento.