viernes, 15 de septiembre de 2017

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.




De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo lunes 18 de septiembre

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 18 de septiembre  de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Acciones en materia de transparencia y del Consejo de Transparencia de Aragón.
  5. Preparación del Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.
  6. Diseño de las actividades para el último trimestre del año 2017.
  7. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 15 de septiembre de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN ARAGÓN: SALUDO A LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FEDERALISTAS DE ARAGÓN.



Desde esta Asociación hemos defendido siempre la trascendencia de que los ciudadanos –y también los servidores públicos, en su incuestionable condición de ciudadanos al servicio del interés general- ejerzan de manera activa su rol cívico, pues la ciudadanía democrática implica una corresponsabilidad en la defensa y fortalecimiento de los valores que nos son comunes –y se hallan plasmados en la norma constitucional- y sirven de fundamento a la convivencia y a la cohesión social.

La salud democrática de un país requiere de una implicación crítica y responsable de sus ciudadanos en los asuntos que conciernen a todos, haciendo del diálogo y de la colaboración una práctica constante que dote de densidad y solidez a nuestra sociedad civil, y permita dotar de fortaleza y cultura cívica a nuestra vida pública, al funcionamiento de nuestras instituciones, dando consistencia efectiva a la exigencia de buen gobierno que debe existir en toda sociedad madura.

No es posible negar el grave momento que vive España a causa de la ruptura del pacto constitucional por parte de las autoridades catalanas, con una quiebra inaceptable de las exigencias del Estado de Derecho que las deslegitima como poder público, y por ello hay que saludar iniciativas ciudadanas que aspiran a fomentar una reflexión abierta, serena y plural sobre la estructura territorial de España y la potencialidad que la idea federal puede suponer para reconducir la peligrosa deriva que hoy afrontamos como comunidad política.

Ayer se constituyó en Zaragoza una asociación denominada Federalistas de Aragón, en la que se agrupan personas de muy variada procedencia dispuestas a compartir un esfuerzo por hallar fórmulas que permitan reforzar la vocación de integración política en España y en Europa, desde el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogobierno territorial, perfeccionando para ello nuestra norma constitucional.

En este blog celebramos dicha iniciativa –por lo que tiene de síntoma saludable de movilización cívica y de responsabilidad democrática- y deseamos hacernos eco del contenido de su manifiesto fundacional, que reproducimos íntegro:


MANIFIESTO FUNDACIONAL
DE LA
ASOCIACIÓN FEDERALISTAS DE ARAGÓN.


Los abajo firmantes

Compartiendo

Que el Estado constitucional social y democrático de derecho es la forma política que garantiza la convivencia en un marco de pluralismo político y asegura el reconocimiento pleno y el libre ejercicio de los derechos y libertades.

Que la autonomía política, al afirmar la capacidad de autogobierno territorial en un Estado descentralizado, garantiza que ese Estado haga suyo el valor de la diversidad y el respeto a las diferentes identidades.

Que, desde el pluralismo que significa la autonomía, la afirmación de la unidad del Estado es condición de solidaridad territorial y cohesión social, redistribución de la riqueza y mejor garantía de los derechos y libertades que conforman la ciudadanía común.

Constatando

Que la Constitución Española de 1978 asumió, junto a la democracia parlamentaria y las exigencias del Estado de Derecho, la pluralidad que da forma a España y diseñó un modelo territorial que ha garantizado la autonomía de nacionalidades y regiones.

Que el Estado Autonómico ha sido un instrumento esencial para desarrollar y consolidar el Estado social, profundizando en la dimensión material de la ciudadanía, llamada a hacer realidad la igual dignidad de todas las personas.

Que Aragón, por historia, geografía y convicción de su ciudadanía, constituye un elemento esencial para la articulación presente y futura del modelo constitucional, tal y como ha demostrado su rol en la configuración y evolución de la autonomía política en la España contemporánea.

Que el transcurso de los años, tras casi cuatro décadas de vigencia de nuestra norma constitucional, ha puesto de manifiesto problemas de diseño y funcionamiento del modelo territorial que afectan tanto a elementos técnicos como a su función instrumental para la integración nacional y la preservación de los intereses colectivos compartidos.

Que resulta preciso abordar una revisión del modelo territorial constitucional, que permita conciliar un avance en el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogobierno de los territorios y un reforzamiento de las instituciones comunes y de la colaboración entre el conjunto de los territorios de España en los objetivos comunes a todos.

Que el federalismo, como fórmula de articulación territorial profundamente democrática, aporta una solución válida para el momento actual de España como marco político de convivencia, desde la libertad y el respeto mutuo de todos sus territorios y del conjunto de sus ciudadanos.

Declaramos nuestra intención de:

Asumir un compromiso cívico expreso para promover una reflexión sobre el devenir de la forma territorial de España como Estado y como nación.

Propugnar la definición de un modelo territorial que corrija las disfunciones detectadas en el Estado Autonómico y sirva para dar respuesta a los nuevos retos sociales y de gobernanza.

Llevar a cabo dicha tarea desde la reivindicación de los valores innatos al Estado constitucional: libertad, democracia, justicia y solidaridad.

Explorar y difundir la potencialidad del federalismo como fórmula política que, como enseña el Derecho comparado, mejor concilia la unidad y la diversidad, lo singular y lo común en sociedades complejas y plurales como la nuestra.

Impulsar asimismo la perspectiva federal para el perfeccionamiento del proyecto de integración política que representa la construcción europea.

Por todo ello,

Nos proponemos constituir una plataforma cívica abierta y plural para reflexionar desde Aragón sobre el federalismo como fórmula política adecuada para afrontar los retos que la organización territorial plantea a la España contemporánea y para avanzar en el proceso de integración política europea que demanda un mundo globalizado.

Y convocamos a esta tarea de reflexión y debate al conjunto de los ciudadanos y de las organizaciones cívicas aragonesas, para que la voluntad integradora que anima nuestra vida colectiva permita trazar un nuevo horizonte de convivencia democrática para el conjunto de España en una Europa que no renuncie a su proyecto de integración política como federación.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

LLEGA UN INCIERTO SEPTIEMBRE.



Esta Asociación retoma su actividad, dando comienzo al nuevo curso. Convencida de que promover la defensa de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública constituye una tarea más necesaria que nunca, tanto en nuestra sociedad como en el conjunto de las Administraciones y de las instituciones públicas.

El debate y el uso público de la razón –en cualquiera de los ámbitos de convivencia cívica existentes- se convierten hoy en un deber imperioso para el conjunto de la ciudadanía y de los servidores públicos, pues las cuestiones que se están dilucidando estos días en España nos conciernen a todos, y nadie puede eludir su parte de responsabilidad en la solución que demanda el actual desafío a la legalidad constitucional española.

La quiebra de las normas, la usurpación de las instituciones democráticas para colocarlas al servicio de proyectos de exclusión y de ruptura, el desafío constante y el desprecio a las reglas en que se fundamenta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos marcan, en Cataluña y en el conjunto de España, un momento de excepcional gravedad que en modo alguno podemos desconocer.

Es indispensable que los órganos del Estado aseguren la plena vigencia de nuestro ordenamiento constitucional, sin el cual no es imaginable la convivencia en el respeto de los derechos de todos ni cabe admitir la legitimidad de ningún poder público al margen del mismo, pues no hay fuente de legitimidad alternativa al respeto del ordenamiento jurídico y a la observancia de la norma constitucional.

Estamos convencidos del total fracaso de aquellas iniciativas tendentes a menoscabar la democracia constitucional española –como las que se impulsan en este momento desde el soberanismo catalán, con absoluta irresponsabilidad y falta de sentido cívico y democrático-, y como Asociación seguiremos trabajando por objetivos de buen gobierno y buena administración, desde nuestro radical compromiso con el Estado de Derecho y los principios constitucionales, rechazando cualquier discurso identitario que atente contra la configuración plural y libre de la ciudadanía.

miércoles, 30 de agosto de 2017

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EXIGE FOMENTAR EL MÉRITO DE LOS PROFESIONALES FRENTE A LA DISCRECIONALIDAD EN EL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.



Nunca hemos confundido profesionalidad con carrera profesional, ni hemos identificado ésta con mero incremento retributivo. Profesionalidad es competencia, solvencia técnica, compromiso, dedicación, vocación de servicio, reciclaje permanente, y tantas otras cosas que debieran ser un objetivo permanente de los responsables de la función pública, y línea de actuación preferente de la política de recursos humanos de cualquier Administración.

Uno de los elementos esenciales para configurar una Administración profesionalizada es el sistema de provisión de puestos de trabajo, que ha de estar presidido por la objetividad, la aplicación de reglas conocidas y previsibles, y la realización efectiva de los principios de mérito y capacidad. Nos parece evidente que la realidad actual de la Administración autonómica muestra una grave descomposición del sistema de provisión de puestos de trabajo –provocado en buena medida por el reiterado incumplimiento de las normas de acceso a la función pública, con el consiguiente volumen de interinidad que lastra el funcionamiento de todos los mecanismos de provisión-, pues los concursos de provisión de puestos de trabajo no tienen ninguna regularidad, y el mecanismo habitual al que se acude para cubrir vacantes es la comisión de servicios, aplicada de manera totalmente discrecional y sin sujeción a los límites temporales que marca la normativa, realidad a la que todos parecen haberse acomodado. En un sistema de discrecionalidad, sin reglas objetivas, todos tienen la oportunidad de prosperar al margen de sus méritos profesionales, y así las expectativas individuales refuerzan todas las disfunciones del sistema. Todo ello crea una cultura administrativa muy perniciosa, en la que el respeto y la aplicación de las normas ceden ante otros criterios que, con el consentimiento general, parecen regir en la ordenación de la función pública.

Creemos por ello de inaplazable necesidad poner de manifiesto la realidad existente y reaccionar frente a la deriva del sistema de provisión de puestos, cada día más alejado de la normativa, empezando por una severa crítica del uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo, como ámbito en el que domina la discrecionalidad política en los nombramientos, incluidos también los órganos de control (como es el caso de la Inspección General de Servicios o la Intervención General, y ahora la reciente reforma del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, cuyos puestos se cubrirán por el sistema de libre designación, configurando así un sistema de justicia administrativa carente de los requisitos de objetividad e inamovilidad en su composición, y haciendo prevalecer en su designación criterios de confianza sobre mérito profesional).

La libre designación constituye una quiebra de la profesionalidad de la Administración que debemos señalar y superar, restringiendo su ámbito de aplicación, pues su utilización abusiva en cada cambio de gobierno y sus efectos disfuncionales en las estructuras administrativas y en los costes de personal parecen razones más que suficientes para revisar en profundidad su actual regulación.

De cara a ello, esta Asociación se ha dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, para solicitarle información sobre los puestos de libre designación existentes en el conjunto de la Administración autonómica, y la evolución de los mismos en el transcurso de la presente legislatura. A esa petición seguirán otras, sobre los ceses producidos en dichos puestos a lo largo de la legislatura y el coste económico derivado de los mismos. Igualmente nos vamos a dirigir, con la solicitud de igual información, a las principales entidades locales aragonesas, como son los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel y las tres Diputaciones Provinciales.

Esperamos con ello volver a poner de manifiesto una de las más destacadas debilidades de nuestro sistema de función pública, cuya superación requiere de un gran acuerdo y un decidido empeño de profesionalización de la Administración Pública que hoy, lamentablemente, no parece impulsarse desde ningún ámbito de decisión política.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la solicitud de información dirigida al Consejero de Hacienda y Administración Pública:



JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.


Que uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa y promoción de la profesionalidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, reforzando el sistema de mérito y capacidad en el acceso a los diferentes puestos de trabajo, lo que requiere reducir significativamente el ámbito de la libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo, sustituyendo dicha fórmula en las relaciones de puestos de trabajo por la más objetiva y garantista de concurso de méritos.

La aprobación de los decretos de estructura orgánica de la nueva organización departamental de la Administración autonómica y la consiguiente adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la nueva realidad organizativa permite evaluar el impacto de todo ello en las formas de provisión de puestos de trabajo, y en los posibles avances o retrocesos en materia de profesionalización en lo que al sistema de provisión de puestos se refiere.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicito de ese Departamento la información disponible sobre el volumen de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma cuya forma de provisión es la libre designación, así como su distribución entre los diferentes Departamentos y organismos públicos, en la forma siguiente:

-         Nº de puestos de trabajo a 1 de julio de 2015 cuya provisión se reserva a libre designación (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nº de puestos de trabajo a 1 de julio de 2017 cuya provisión se reserva a libre designación (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nª de puestos de trabajo de libre designación a 1 de julio de 2015 cubiertos de forma provisional (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nº de puestos de trabajo de libre designación a 1 de julio de 2017 cubiertos de forma provisional (con distribución por Departamentos y organismos públicos).


Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Zaragoza, 24 de agosto de 2017




lunes, 28 de agosto de 2017

ES MUCHO LO QUE DEBEMOS HACER.



Cuando se acerca ya el inicio del nuevo curso, tras el paréntesis veraniego, todos hemos de retomar nuestra respectiva actividad y corresponde a esta Asociación seguir promoviendo los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas. Contando, para ello, con las limitaciones que nos son propias, y que tratamos de compensar con el esfuerzo de los miembros de la Junta Directiva, dispuestos todavía a dedicar tiempo y energías al análisis de problemas y al debate de iniciativas que tiendan a corregir deficiencias u orientar la configuración deseable de nuestro sistema de función pública.

Hemos de tratar de avanzar en los tres órdenes que nos planteamos: en el de la legalidad, en primer lugar, destacando la constante banalización en que incurren nuestras instituciones en el incumplimiento de las normas, algo que en modo alguno resulta aceptable en un Estado de Derecho, en el que las normas son la máxima garantía de los derechos de los ciudadanos y el límite preciso a la arbitrariedad administrativa y al abuso de poder, y volveremos a reclamar, por ejemplo, algo tan básico como que el Gobierno de Aragón apruebe y remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos antes del próximo 1 de octubre, porque así lo exige el Estatuto de Autonomía de Aragón, y el sometimiento a las normas es condición primordial de cualquier programa de gobierno; en el terreno de la profesionalidad, en segundo lugar, lo que nos llevará a insistir en la obligada limitación de la libre designación en el sistema de provisión de puestos de trabajo –inaceptable resulta lo sucedido con los puestos de reciente creación del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos, tanto en su configuración como en su convocatoria de provisión, con indebidos márgenes de discrecionalidad en su nombramiento-, en el control de las comisiones de servicios, en la configuración de un verdadero programa de formación que contribuya a la especialización funcional y a la orientación de la carrera profesional, y en el control y evaluación del desempeño, para asegurar la calidad deseable de la actividad administrativa; y, por último, en el de la ética pública, lo que nos llevará a insistir en la prevención de los conflictos de intereses y en el control de incompatibilidades, en la implantación de mecanismos de lucha contra la corrupción –que no creemos pase por la creación de entidades como la Agencia de Integridad y Ética Pública, con sus desdibujadas y excesivas competencias-, y en la exigencia de ejemplaridad en los responsables institucionales (razón que nos llevará a insistir en la necesaria dimisión del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, cuyos incumplimientos de la normativa de transparencia le desautorizan para el desempeño de tal función).

Esta Asociación va a proseguir un año más con su trabajo de exigencia y propuesta –labor molesta para algunos, insuficiente para otros, pero también valorada por algunos, aunque puedan ser los menos-, aprovechando en la medida que sea posible los nuevos cauces de participación ciudadana que ha abierto la reciente modificación del Reglamento de las Cortes de Aragón, pero haciendo uso también de los cauces de control y de participación que tradicionalmente hemos venido utilizando, como es la impugnación de actuaciones administrativas, el ejercicio del derecho de petición y la solicitud de acceso a la información pública. Junto a todo ello, además, queremos propiciar espacios abiertos de diálogo y debate sobre cuestiones de interés para la función pública en los que puedan intervenir todos los interesados en avanzar en una Administración profesional al servicio de los ciudadanos.

jueves, 10 de agosto de 2017

TIEMPO PARA COBRAR PERSPECTIVA.



Los días de verano en los que nos encontramos no solo son días de vacación y descanso para muchos –entre los que nos contamos-, sino también días para mirar el horizonte que nos aguarda y cobrar nueva perspectiva, y para hacer acopio de energía con la que retomar y seguir la actividad que como Asociación nos hemos marcado en la defensa de la función pública, justo ahora que se cumplen 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y, pese a todo el tiempo transcurrido, nos hallamos todavía con una Administración autonómica cuyas carencias resultan injustificables, situación que solo cabe achacar a la desidia de los responsables políticos –incluido, por supuesto, el actual gobierno autonómico de Javier Lambán- y al desistimiento de buena parte de los funcionarios públicos en su compromiso con una buena Administración al servicio de los ciudadanos.

El verano también es ocasión propicia para la reflexión –en la que no puede faltar la debida dosis de autocrítica, sobre todo aquello que siendo anómalo e irregular nos hemos acostumbrado a ver como parte irremediable de la realidad administrativa- y para renovar objetivos de mejora o perfilar iniciativas de control y exigencia, pero todo ello desde la premisa de nuestro compromiso personal y directo con el funcionamiento diario de los servicios públicos y el cumplimiento estricto de nuestra función en la aplicación de las normas, en la satisfacción del interés general y en la realización de los derechos de los ciudadanos, única razón de ser de los aparatos administrativos y de los servicios públicos.

Hemos entendido siempre que el papel de los servidores públicos en una sociedad democrática es de una particular relevancia, con el doble cometido de ejecutar el programa político del Gobierno elegido por los ciudadanos –y expresión, por lo tanto, de la voluntad mayoritaria de la sociedad- y de asegurar el respeto de la legalidad y el funcionamiento de las garantías propias del Estado de Derecho –tarea que no corresponde en exclusiva a la Administración Pública, pero que constituye una de sus tareas básicas en nuestro actual modelo constitucional-, y el cumplimiento de esa doble tarea requiere de una necesaria reflexión colectiva, de una cultura organizativa fuertemente comprometida con ambos cometidos y de una conciencia clara de las obligaciones que comporta el papel que nos corresponde en el aseguramiento del buen gobierno y de la buena administración, es decir, cuál es nuestra participación en la calidad democrática de nuestras instituciones.

Desde esta Asociación tratamos justamente de desarrollar la reflexión sobre el papel que ha de cumplir la función pública en una democracia como la española y la contribución que a avanzar y profundizar en tal marco institucional corresponde a todos los que hemos hecho del servicio público nuestra opción profesional.

Gozamos de un estatuto jurídico especial respecto al resto de los trabajadores, estatuto que viene exclusivamente motivado por la trascendencia de nuestra función, con el fin de asegurar nuestra imparcialidad y nuestro neto compromiso con la legalidad constitucional y administrativa, y la principal reflexión de todo servidor público, en fechas propicias como las actuales, ha de dirigirse a evaluar su comportamiento y su compromiso profesional con los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Para no perder la perspectiva necesaria que da sentido a nuestra condición y a la función de servicio que nos corresponde.

miércoles, 26 de julio de 2017

SOLICITADA CONDONACIÓN DE COSTAS PROCESALES AL GOBIERNO DE ARAGÓN: EL COSTE AGRAVADO DE COMBATIR LA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA.



Recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo que resolvía el recuso de casación formulado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligaba al Gobierno de Aragón a aprobar oferta de empleo público para 2014 en el ámbito de administración general, rechazando la inactividad normativa en la que se había incurrido por el Gobierno de Aragón, no solo dejaba sin efecto el pronunciamiento favorable previo del TSJA sino que, además, condenaba en costas a esta Asociación en una cuantía no superior a mil quinientos euros.

No tardó en recibirse el escrito de la Letrada de la Administración autonómica fijando tales costas en 1.500 euros –agotando la cuantía máxima autorizada por el Tribunal Supremo-, dando un plazo de quince días para su abono. Frente a ello, esta Asociación se ha dirigido al Director General de los Servicios Jurídicos, para solicitar que eleve al órgano competente la propuesta de condonar o fijar en cuantía simbólica las costas correspondientes a dicho proceso judicial.

Fue el Gobierno de Aragón quien no quiso aceptar y ejecutar la sentencia favorable al derecho de los ciudadanos dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en la que, por cierto, se condenaba en costas a la Administración autonómica), y promovió el recurso de casación, lo que obligó a esta Asociación a asumir nuevos gastos jurídicos –de abogado y procurador ante el Tribunal Supremo-, con el resultado final de la condena en costas.

Entendemos que la condena en costas tiene sentido cuando litigan particulares en defensa de sus respectivos intereses, o cuando particulares defienden intereses privados contra el interés general que corresponde defender a la Administración, pero es muy distinta la situación en aquellos procesos en que intervienen entidades sin ánimo de lucro que asumen la defensa de derechos ciudadanos (como es el derecho de acceso a la función pública) frente a la arbitrariedad administrativa o la vulneración de las leyes por parte de los poderes públicos. No solo la Administración utiliza recursos públicos para defender sus incumplimientos de la ley, sino que además, como en el presente caso, pretende que los particulares que reaccionan frente a esa arbitrariedad, asumiendo el esfuerzo y los costes de la defensa de la legalidad constitucional, se vean penalizados por la condena en costas, fijándose la cuantía de éstas en el máximo autorizado, sin consideración alguna de las circunstancias de lo que se defiende y cómo se defiende.

Es evidente que con estas reglas resulta enormemente gravosa la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, y  la capacidad de litigar de las entidades ciudadanas acaba finalmente anulada, en medio de la indiferencia general, como si ello no supusiera una pérdida significativa para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y un menoscabo preocupante de la capacidad de control de la sociedad civil sobre la arbitrariedad de los poderes públicos.

Nuestra petición de condonación de costas es testimonial, porque creemos que a unos poderes públicos que tratan con la desconsideración que el Gobierno de Aragón ha tratado a esta Asociación en su defensa del derecho de acceso a la función pública no se les debe aceptar su indiferencia, ni cabe admitir que la desigualdad de partida se vea agravada al final de cada proceso judicial, donde un Gobierno democrático se ha permitido destinar sus recursos al objetivo de anular sentencias que dan amparo al derecho constitucional de los ciudadanos de acceder al empleo público. Es fácil hacerlo cuando esa decisión no comporta sanción ni reproche del Parlamento ni de los medios de comunicación. Así se afianza la arbitrariedad de los poderes públicos  y se empobrece la capacidad de respuesta de la sociedad civil frente a ella.

Era cuestión de principios para esta Asociación formular esta petición, aun a sabiendas de que no merecerá la menor consieración por parte de los responsables de la Administración autonómica: pero es necesario que su respuesta quede escrita y se conozca públicamente.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de condonación de costas procesales:

“María Soledad Gracia Romero, Procuradora de los Tribunales, en representación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en relación con la condena en costas de que ha sido objeto mi representada con motivo del recurso de casación nº 1688/2016, promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), contra sentencia de fecha 23 de marzo de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 44/2015, comparece ante esa Dirección General de Servicios Jurídicos, y visto el escrito de la Letrada de la Comunidad Autónoma en el que fija su minuta de honorarios devengados, expone:

1.     Mediante sentencia de 21 de abril de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta) resuelve recurso de casación promovido por la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que se condenaba a la Diputación General de Aragón a aprobar la Oferta de Empleo Público para 2014 en el ámbito de la Administración General, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

Debe puntualizarse, en relación con el escrito dirigido por parte de la Letrada a esta representación, con fecha 27 de junio de 2017, que el recurso de casación fallado por el Tribunal Supremo no fue promovido por la Asociación a la que represento sino por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. 

Que tal recurso de casación se promovió a pesar de los escritos de petición dirigidos desde la Asociación a la que represento al Consejero de Hacienda y Administración Pública y al Presidente del Gobierno de Aragón para solicitar que se aceptase el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictado en amparo del derecho fundamental de acceso a la función pública, y se procediera a dar ejecución al mismo, una vez firme. 

Frente a ello, el Gobierno de Aragón optó por promover recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la finalidad de anular el fallo del TSJA que estimaba las pretensiones de la Asociación recurrente. 

2.     La Asociación a la que represento es una entidad sin ánimo de lucro, que se sostiene exclusivamente con las aportaciones de sus socios y no recibe ningún tipo de subvención pública, siendo los recursos judiciales que promueve una línea de defensa de los derechos que conforman el modelo constitucional de Administración Pública, como es el caso del derecho de acceso a la función pública. La defensa de la legalidad constitucional y administrativa por organizaciones ciudadanas que no defienden intereses propios de contenido económico, sino el interés general de los ciudadanos, debiera contar con el respaldo de las instituciones, pues a todos interesa que se refuercen los controles de legalidad y no se obstruya la actividad de aquellas entidades que se ocupan, de manera responsable, de ejercer dicho control en áreas concretas de la actividad pública.

3.     Por tal motivo, se solicita de esa Dirección General que lleve a cabo las actuaciones oportunas ante los responsables del Gobierno de Aragón para que se acuerde la condonación de las costas procesales señaladas, o para que éstas queden reducidas a una cantidad estrictamente simbólica, evitando fijar su cuantía justamente en el máximo autorizado por la sentencia del Tribunal Supremo, como se ha hecho por la Letrada actuante, olvidando con ello que la actuación de esos Servicios Jurídicos ya se sostienen con los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que ven negado el derecho fundamental de acceso a la función pública por la falta de adecuación de las ofertas de empleo público a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Con ello no solo no se mermaría de manera grave la capacidad de litigar de la Asociación a la que represento, y cuyos objetivos no son otros que promover la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el seno de las Administraciones, sino que esa Administración demostraría que lo único que le movía al promover el recurso de casación contra la sentencia condenatoria del TSJA era cambiar el signo de la misma, sin modificar los términos de la condena en costas de dicha instancia y sin utilizar ello para desincentivar el control judicial  que es consustancial a todo Estado de Derecho. 

Consecuentemente, ruego den por realizada, mediante el presente escrito, la contestación a la comunicación de la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre minuta de honorarios devengados con motivo del recurso de casación nº 1688/2016, promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), y a la vista de las razones expuestas, procedan a condonar las costas procesales señaladas o, en su caso, a su minoración hasta una cuantía simbólica, acorde a la cuestión objeto de debate –como es la garantía de los derechos de los ciudadanos- y a la naturaleza de los objetivos propios de la Asociación a la que represento.

Zaragoza, 13 de julio de 2017.”

viernes, 21 de julio de 2017

NUEVAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN.



El nuevo Reglamento de las Cortes de Aragón, publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón, incluye como una de sus más importantes novedades un conjunto de mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios, y una concreta regulación del derecho de petición ante la Cámara, además de establecer criterios de transparencia de su actividad, a través de un Portal de Transparencia de las Cortes de Aragón y del reconocimiento del derecho de acceso a la información y documentación de las Cortes de Aragón.

Valoramos positivamente lo que ello supone de apertura del Parlamento a la acción pública de los ciudadanos, para reforzar la necesaria relación de colaboración entre sociedad y parlamento, evitando así que la representación política se desligue de la voz y la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, entre las cuales hay que incluir las que corresponden a la labor parlamentaria, sin que ello, lógicamente, desvirtúe el papel propio de la institución parlamentaria, como titular de la potestad legislativa y como principal agente de control político del Gobierno, comenzando por la confianza parlamentaria que se manifiesta, en primer lugar, en la investidura del Presidente del Gobierno de Aragón y en el respaldo a su programa político y acción de gobierno.

No es preciso recordar que esta Asociación a lo largo de sus diez años de actividad ha ejercido una constante acción ciudadana ante el Parlamento aragonés, a través del derecho de petición –negado en dos ocasiones por la Mesa de las Cortes y motivo de amparo por el Tribunal Constitucional, en una sentencia que necesariamente se ha debido tener presente a la hora de reformar su reglamento- y la comparecencia en tres ocasiones ante la Comisión parlamentaria de peticiones y comparecencia. Hemos estado permanentemente abiertos al contacto con los Grupos Parlamentarios, y a lo largo de estos años nos hemos reunido prácticamente con todos ellos, con contadas excepciones, entre las que se cuentan de manera significativa las nuevas fuerzas políticas  llamadas a superar un bipartidismo que nunca ha existido en nuestra Comunidad Autónoma. A los Grupos Parlamentarios hemos remitido, al inicio de cada legislatura, nuestro Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, y numerosas propuestas a lo largo de cada legislatura, y no podemos dejar de constatar la escasa capacidad de nuestros parlamentarios para su relación con las entidades cívicas, pues la inmensa mayoría de comunicaciones quedan sin respuesta de ningún tipo, sin siquiera acuse de recibo, como si al otro lado de la relación de representación no existiese nadie consciente de lo que tal relación implica y exige.

El nuevo reglamento titula su Título XVIII con la rúbrica “Del Parlamento abierto”,  y se abre con esta declaración: “Las Cortes de Aragón reconocen el derecho de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma (sic) a relacionarse con el Parlamento”. ¿Acaso ese derecho no existía antes? ¿No es consustancial a la relación de representación que existe entre los ciudadanos y sus representantes políticos? Los mecanismos de participación que se enuncian son la iniciativa legislativa popular, las audiencias ciudadanas y la propuesta de enmiendas en los procedimientos legislativos, las comparecencias ante la Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos, la presentación de propuestas de preguntas y proposiciones no de ley, como acción de control del Ejecutivo, y el derecho de petición.

Desde esta Asociación haremos uso intenso y constructivo de todos los mecanismos ahora contemplados en el reglamento de las Cortes de Aragón, del mismo modo que lo hemos venido haciendo en los diez años pasados, cuando desde la Mesa de las Cortes se cuestionaba nuestra legitimación para formular peticiones y se llegaba a acusarnos de injerencia en la actividad parlamentaria, por ejercer el derecho de petición. Confiamos en que el cambio normativo vaya, por lo tanto, acompañado de un cambio de cultura política en nuestros representantes, dejando atrás cualquier vocación de monopolio de las instituciones democráticas.

El Parlamento es una institución abierta a los ciudadanos por definición, y es bueno que las normas reglamentarias que lo regulan profundicen en la relación que vincula a representantes y representados, parlamentarios y ciudadanos, dotando a estos de instrumentos claros para canalizar al Parlamentos sus propuestas, sus demandas, sus aportaciones, y reforzar con ello el compromiso cívico y la confianza precisa en la capacidad de nuestras instituciones para avanzar en la necesaria regeneración democrática, y demostrar que la democracia representativa, núcleo insustituible de nuestro diseño institucional, no excluye la implicación ciudadana, sino que busca en ella el refuerzo imprescindible, la reafirmación de los valores que constituyen el cimiento de nuestra vida pública en libertad, la democracia como autogobierno.

martes, 18 de julio de 2017

LOS FUNCIONARIOS FRENTE AL DESAFÍO A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL EN CATALUÑA.



La deriva secesionista que viene auspiciada, de manera incomprensible, desde las propias instituciones catalanas, como podemos comprobar a diario, en lo que constituye una manifiesta vulneración del orden constitucional español, ha de encontrar una réplica adecuada en el compromiso con la legalidad que corresponde a todos los funcionarios públicos, sin cuya colaboración difícilmente podrá llevarse a cabo un proceso de consulta como el anunciado por el gobierno autonómico de Cataluña.

La adquisición de la condición de funcionario público queda sometida al requisito del acatamiento constitucional, de manera que el ejercicio de las funciones públicas solo cabe realizarlo desde el pleno sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, algo que corresponde tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, pero que, no cabe olvidarlo, es una obligación específica de la Administración y de quienes trabajan en ella como funcionarios públicos, a los que corresponde un papel insustituible como garantes de la legalidad.

Por ello, desde esta Asociación no podemos sino aplaudir el pronunciamiento de los secretarios, interventores y tesoreros de los entes locales catalanes, al afirmar su pleno compromiso con la legalidad y con la norma constitucional, avanzando su radical negativa a ejecutar cualquier actuación que pueda suponer una vulneración del ordenamiento jurídico, lo que supondría quebrantar su principal obligación como servidores públicos.

Nos gustaría recordar que la inamovilidad de los funcionarios públicos que se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público tiene, precisamente, la finalidad de reforzar y asegurar su imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones y su compromiso con la legalidad, con la obligación de desatender todas aquellas órdenes superiores de carácter ilegal.

A nadie se le escapa la radical ilegalidad de todas las actuaciones impulsadas desde el Ejecutivo autonómico catalán para romper el marco de convivencia democrático que asegura nuestra norma constitucional al conjunto de los españoles, y por ello ni un solo funcionario público de las diferentes administraciones públicas catalanas debería contribuir a la ejecución de las ilegales decisiones adoptadas por quienes parecen haber olvidado cual es la principal tarea que corresponde a los políticos, que no es otra que resolver los problemas de los ciudadanos y asegurar la convivencia de todos a través de políticas inclusivas, radicalmente opuestas a las lógicas identitarias que propugna el nacionalismo con las que se trata de romper la ciudadanía compartida y, en última instancia, la democracia y la libertad de las personas.

Frente a tal estrategia, los servidores públicos han de hacer prevalecer la legalidad constitucional, con la que están comprometidos de manera expresa e ineludible.

miércoles, 5 de julio de 2017

NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA UN NUEVO HORIZONTE DE ACTIVIDAD.



Este pasado lunes tuvo lugar la reunión constitutiva de la nueva Junta Directiva de la Asociación, parcialmente renovada en la pasada asamblea de 27 de junio. Reelegido como Presidente Julio Guiral, la Junta ve reducida su composición a ocho miembros, para asegurar una mayor operatividad en su funcionamiento, incorporándose como responsable de la Tesorería Victoria Conde, en sustitución de José Ramón Gálligo, y como nuevo vocal Alfredo Legaz, causando baja como vocales en la nueva Junta Eduardo Notivol, Guadalupe Zárate y Álvaro Hernández. Permanecen como vocales en la nueva Junta Adolfo Ballestín, Antonio Brotons, Enrique Borruel y Antonio Serrano, y, como Secretario, Félix Gracia.

De acuerdo con lo ya señalado en la reciente asamblea de junio, la Junta se marca como prioridades de su actuación la actualización del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración y el impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.

En primer lugar, respecto a la actualización del Documento, hay que revisar todas aquellas medidas sobre las que incide la reciente Ley de Integridad y Ética Pública, cuyos contenidos serán objeto de análisis en una sesión monográfica de debate que se celebrará al comienzo del próximo otoño, y cuya puesta en marcha debe ser objeto de especial atención por parte de la Asociación, a la vista del preocupante alcance que revisten muchas de sus previsiones.

En segundo lugar, durante los meses de verano, se tratará de perfilar con detalle la propuesta de Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública que se desea promover, a nivel estatal, junto con otras asociaciones del ámbito de la función pública española y con los centros de formación de opositores, de manera que sea posible conocer el grado de cumplimiento de las diferentes Administraciones Públicas en materia de acceso al empleo público y evaluar su comportamiento en un informe anual que se dará a conocer públicamente al inicio de cada ejercicio. Entendemos que la labor de observación y seguimiento de la actividad administrativa, y la implicación que sobre la labor de control quepa obtener por parte del Defensor del Pueblo e instituciones análogas, puede ofrecer resultados superiores a los que se derivan de la estricta acción ante los Tribunales, vista la lamentable evolución de los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública, renunciando claramente a la labor de garantía que le correspondería ejercer.

Asimismo, esta Asociación va a mantener el impulso a las iniciativas emprendidas para asegurar que al frente de los órganos que han de velar por el buen actuar administrativo, como es el Consejo de Transparencia de Aragón, figuren personas que gocen de la necesaria credibilidad y ejemplaridad en su actividad pública, sin que pueda darse el caso de que los llamados a vigilar el cumplimiento de las normas son los primeros que las incumplen, como ocurre en el caso del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón. Admitir dicha situación constituye un pésimo precedente que pone en entredicho toda la labor tendente a la regeneración de las instituciones públicas y a elevar el nivel de exigencia en la gestión de los asuntos públicos.

viernes, 30 de junio de 2017

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 3 DE JULIO DE 2017.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al lunes 3 de julio

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 3 de julio, a partir de las 19:00 horas, en local sito en C/ Doctor Cerrada, 23, proponiéndose para dicha el desarrollo de la reunión el siguiente



Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Constitución de la Junta Directiva resultante de la XI Asamblea ordinaria de la Asociación.
  4. Establecimiento de prioridades de la actividad de la Asociación, según acuerdos adoptados en la XI Asamblea.
  5. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 29 de junio de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 29 de junio de 2017

BALANCE DE ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ASOCIACIÓN A LO LARGO DE 2016.



Con motivo de la asamblea anual de la Asociación celebrada el martes 27 de junio, se hace público el documento que resume la actividad desarrollada a lo largo del último año, tras la asamblea celebrada el 29 de marzo de 2016, agrupando las iniciativas en atención a su naturaleza:

ESCRITOS Y PETICIONES

1.- Petición de información pública al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre percepción del complemento de alto cargo en la Administración autonómica. 2.- Petición de información pública al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre volumen de interinidad existente en los diferentes sectores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3.- Requerimiento al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre aprobación de Oferta de Empleo Público para 2016. 4.- Reiteración de petición al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre aplicación del procedimiento de concurso de méritos para cubrir puestos de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 5.- Requerimiento al Alcalde de Zaragoza sobre aprobación de Oferta de Empleo Público para 2017. 6.- Solicitud de información pública al Rector de la Universidad de Zaragoza sobre volumen de interinidad existente en dicha Universidad. 7.- Petición de información pública a los Alcaldes de las tres capitales aragonesas sobre volumen de interinidad existente en dichas entidades locales. 8.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para instar acciones favorables a la ejecución de las sentencias del TSJA sobre ofertas de empleo público de 2014 y 2015 del Gobierno de Aragón. 9.- Escrito al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, rechazando la oferta de formular alegaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón. 10.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón solicitando acciones para retirada recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Aragón contra sentencias del TSJA sobre ofertas de empleo público de 2014 y 2015. 11.- Petición a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre necesidad de cumplir obligaciones de publicidad activa en relación con los Decretos de Oferta de Empleo Público. 12.- Escrito a los Grupos Parlamentarios del Gobierno de Aragón comunicando la interposición de recurso judicial frente a la Oferta de Empleo Público para 2016 del Gobierno de Aragón. 13.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre necesidad de establecer un procedimiento reglado para nombramiento de los miembros de los Tribunales de oposición. 14.- Escrito al Presidente del Gobierno de Aragón sobre incumplimiento del plazo de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017. 15.- Escrito de petición a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre dimisión o cese del Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón por incumplimiento de obligaciones de transparencia como alto funcionario de la Diputación Provincial de Zaragoza. 16.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre incumplimientos legales en que incurre el Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón.

ACTOS PÚBLICOS

1. Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, con la proyección del documental “Corrupción: organismo nocivo” realizado por Pandora Box TV, el 13 de diciembre, en el Centro Joaquín Roncal.- 2.- Acto conmemorativo del X aniversario de la Asociación, celebrado el 15 de febrero, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, con proyección del documental “Corrupción: organismo nocivo”, y posterior coloquio con la presencia de Julio Guiral, Manuel Contreras, Teresa Soler y José Manuel Aspas.

COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS

Comparecencia ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, el 17 de junio de 2016, para expresar la situación del derecho de acceso en la Administración de la Comunidad Autónoma y reclamar la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las ofertas de 2014 y 2015 del Gobierno de Aragón.

QUEJAS,  RECLAMACIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Queja al Justicia de Aragón por anomalías producidas en el proceso selectivo de Administrativos. 2.- Reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón por el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los Decretos de Oferta de Empleo Público. 3.- Escrito de petición al Justicia de Aragón relativo a la evaluación del funcionamiento de la Institución y propuesta de mejoras.

ACTUACIONES JUDICIALES

1. Interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a sentencia del Tribunal Supremo sobre Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado de 2014, con el fin de cuestionar la constitucionalidad de las tasas de reposición previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2.- Impugnación, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, de la Oferta de Empleo Público para 2016 del Gobierno de Aragón, tanto en el ámbito de administración general como de personal estatutario del servicio de salud.