jueves, 10 de agosto de 2017

TIEMPO PARA COBRAR PERSPECTIVA.



Los días de verano en los que nos encontramos no solo son días de vacación y descanso para muchos –entre los que nos contamos-, sino también días para mirar el horizonte que nos aguarda y cobrar nueva perspectiva, y para hacer acopio de energía con la que retomar y seguir la actividad que como Asociación nos hemos marcado en la defensa de la función pública, justo ahora que se cumplen 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y, pese a todo el tiempo transcurrido, nos hallamos todavía con una Administración autonómica cuyas carencias resultan injustificables, situación que solo cabe achacar a la desidia de los responsables políticos –incluido, por supuesto, el actual gobierno autonómico de Javier Lambán- y al desistimiento de buena parte de los funcionarios públicos en su compromiso con una buena Administración al servicio de los ciudadanos.

El verano también es ocasión propicia para la reflexión –en la que no puede faltar la debida dosis de autocrítica, sobre todo aquello que siendo anómalo e irregular nos hemos acostumbrado a ver como parte irremediable de la realidad administrativa- y para renovar objetivos de mejora o perfilar iniciativas de control y exigencia, pero todo ello desde la premisa de nuestro compromiso personal y directo con el funcionamiento diario de los servicios públicos y el cumplimiento estricto de nuestra función en la aplicación de las normas, en la satisfacción del interés general y en la realización de los derechos de los ciudadanos, única razón de ser de los aparatos administrativos y de los servicios públicos.

Hemos entendido siempre que el papel de los servidores públicos en una sociedad democrática es de una particular relevancia, con el doble cometido de ejecutar el programa político del Gobierno elegido por los ciudadanos –y expresión, por lo tanto, de la voluntad mayoritaria de la sociedad- y de asegurar el respeto de la legalidad y el funcionamiento de las garantías propias del Estado de Derecho –tarea que no corresponde en exclusiva a la Administración Pública, pero que constituye una de sus tareas básicas en nuestro actual modelo constitucional-, y el cumplimiento de esa doble tarea requiere de una necesaria reflexión colectiva, de una cultura organizativa fuertemente comprometida con ambos cometidos y de una conciencia clara de las obligaciones que comporta el papel que nos corresponde en el aseguramiento del buen gobierno y de la buena administración, es decir, cuál es nuestra participación en la calidad democrática de nuestras instituciones.

Desde esta Asociación tratamos justamente de desarrollar la reflexión sobre el papel que ha de cumplir la función pública en una democracia como la española y la contribución que a avanzar y profundizar en tal marco institucional corresponde a todos los que hemos hecho del servicio público nuestra opción profesional.

Gozamos de un estatuto jurídico especial respecto al resto de los trabajadores, estatuto que viene exclusivamente motivado por la trascendencia de nuestra función, con el fin de asegurar nuestra imparcialidad y nuestro neto compromiso con la legalidad constitucional y administrativa, y la principal reflexión de todo servidor público, en fechas propicias como las actuales, ha de dirigirse a evaluar su comportamiento y su compromiso profesional con los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Para no perder la perspectiva necesaria que da sentido a nuestra condición y a la función de servicio que nos corresponde.

miércoles, 26 de julio de 2017

SOLICITADA CONDONACIÓN DE COSTAS PROCESALES AL GOBIERNO DE ARAGÓN: EL COSTE AGRAVADO DE COMBATIR LA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA.



Recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo que resolvía el recuso de casación formulado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligaba al Gobierno de Aragón a aprobar oferta de empleo público para 2014 en el ámbito de administración general, rechazando la inactividad normativa en la que se había incurrido por el Gobierno de Aragón, no solo dejaba sin efecto el pronunciamiento favorable previo del TSJA sino que, además, condenaba en costas a esta Asociación en una cuantía no superior a mil quinientos euros.

No tardó en recibirse el escrito de la Letrada de la Administración autonómica fijando tales costas en 1.500 euros –agotando la cuantía máxima autorizada por el Tribunal Supremo-, dando un plazo de quince días para su abono. Frente a ello, esta Asociación se ha dirigido al Director General de los Servicios Jurídicos, para solicitar que eleve al órgano competente la propuesta de condonar o fijar en cuantía simbólica las costas correspondientes a dicho proceso judicial.

Fue el Gobierno de Aragón quien no quiso aceptar y ejecutar la sentencia favorable al derecho de los ciudadanos dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en la que, por cierto, se condenaba en costas a la Administración autonómica), y promovió el recurso de casación, lo que obligó a esta Asociación a asumir nuevos gastos jurídicos –de abogado y procurador ante el Tribunal Supremo-, con el resultado final de la condena en costas.

Entendemos que la condena en costas tiene sentido cuando litigan particulares en defensa de sus respectivos intereses, o cuando particulares defienden intereses privados contra el interés general que corresponde defender a la Administración, pero es muy distinta la situación en aquellos procesos en que intervienen entidades sin ánimo de lucro que asumen la defensa de derechos ciudadanos (como es el derecho de acceso a la función pública) frente a la arbitrariedad administrativa o la vulneración de las leyes por parte de los poderes públicos. No solo la Administración utiliza recursos públicos para defender sus incumplimientos de la ley, sino que además, como en el presente caso, pretende que los particulares que reaccionan frente a esa arbitrariedad, asumiendo el esfuerzo y los costes de la defensa de la legalidad constitucional, se vean penalizados por la condena en costas, fijándose la cuantía de éstas en el máximo autorizado, sin consideración alguna de las circunstancias de lo que se defiende y cómo se defiende.

Es evidente que con estas reglas resulta enormemente gravosa la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, y  la capacidad de litigar de las entidades ciudadanas acaba finalmente anulada, en medio de la indiferencia general, como si ello no supusiera una pérdida significativa para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y un menoscabo preocupante de la capacidad de control de la sociedad civil sobre la arbitrariedad de los poderes públicos.

Nuestra petición de condonación de costas es testimonial, porque creemos que a unos poderes públicos que tratan con la desconsideración que el Gobierno de Aragón ha tratado a esta Asociación en su defensa del derecho de acceso a la función pública no se les debe aceptar su indiferencia, ni cabe admitir que la desigualdad de partida se vea agravada al final de cada proceso judicial, donde un Gobierno democrático se ha permitido destinar sus recursos al objetivo de anular sentencias que dan amparo al derecho constitucional de los ciudadanos de acceder al empleo público. Es fácil hacerlo cuando esa decisión no comporta sanción ni reproche del Parlamento ni de los medios de comunicación. Así se afianza la arbitrariedad de los poderes públicos  y se empobrece la capacidad de respuesta de la sociedad civil frente a ella.

Era cuestión de principios para esta Asociación formular esta petición, aun a sabiendas de que no merecerá la menor consieración por parte de los responsables de la Administración autonómica: pero es necesario que su respuesta quede escrita y se conozca públicamente.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de condonación de costas procesales:

“María Soledad Gracia Romero, Procuradora de los Tribunales, en representación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en relación con la condena en costas de que ha sido objeto mi representada con motivo del recurso de casación nº 1688/2016, promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), contra sentencia de fecha 23 de marzo de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 44/2015, comparece ante esa Dirección General de Servicios Jurídicos, y visto el escrito de la Letrada de la Comunidad Autónoma en el que fija su minuta de honorarios devengados, expone:

1.     Mediante sentencia de 21 de abril de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta) resuelve recurso de casación promovido por la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que se condenaba a la Diputación General de Aragón a aprobar la Oferta de Empleo Público para 2014 en el ámbito de la Administración General, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

Debe puntualizarse, en relación con el escrito dirigido por parte de la Letrada a esta representación, con fecha 27 de junio de 2017, que el recurso de casación fallado por el Tribunal Supremo no fue promovido por la Asociación a la que represento sino por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. 

Que tal recurso de casación se promovió a pesar de los escritos de petición dirigidos desde la Asociación a la que represento al Consejero de Hacienda y Administración Pública y al Presidente del Gobierno de Aragón para solicitar que se aceptase el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictado en amparo del derecho fundamental de acceso a la función pública, y se procediera a dar ejecución al mismo, una vez firme. 

Frente a ello, el Gobierno de Aragón optó por promover recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la finalidad de anular el fallo del TSJA que estimaba las pretensiones de la Asociación recurrente. 

2.     La Asociación a la que represento es una entidad sin ánimo de lucro, que se sostiene exclusivamente con las aportaciones de sus socios y no recibe ningún tipo de subvención pública, siendo los recursos judiciales que promueve una línea de defensa de los derechos que conforman el modelo constitucional de Administración Pública, como es el caso del derecho de acceso a la función pública. La defensa de la legalidad constitucional y administrativa por organizaciones ciudadanas que no defienden intereses propios de contenido económico, sino el interés general de los ciudadanos, debiera contar con el respaldo de las instituciones, pues a todos interesa que se refuercen los controles de legalidad y no se obstruya la actividad de aquellas entidades que se ocupan, de manera responsable, de ejercer dicho control en áreas concretas de la actividad pública.

3.     Por tal motivo, se solicita de esa Dirección General que lleve a cabo las actuaciones oportunas ante los responsables del Gobierno de Aragón para que se acuerde la condonación de las costas procesales señaladas, o para que éstas queden reducidas a una cantidad estrictamente simbólica, evitando fijar su cuantía justamente en el máximo autorizado por la sentencia del Tribunal Supremo, como se ha hecho por la Letrada actuante, olvidando con ello que la actuación de esos Servicios Jurídicos ya se sostienen con los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que ven negado el derecho fundamental de acceso a la función pública por la falta de adecuación de las ofertas de empleo público a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Con ello no solo no se mermaría de manera grave la capacidad de litigar de la Asociación a la que represento, y cuyos objetivos no son otros que promover la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el seno de las Administraciones, sino que esa Administración demostraría que lo único que le movía al promover el recurso de casación contra la sentencia condenatoria del TSJA era cambiar el signo de la misma, sin modificar los términos de la condena en costas de dicha instancia y sin utilizar ello para desincentivar el control judicial  que es consustancial a todo Estado de Derecho. 

Consecuentemente, ruego den por realizada, mediante el presente escrito, la contestación a la comunicación de la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre minuta de honorarios devengados con motivo del recurso de casación nº 1688/2016, promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), y a la vista de las razones expuestas, procedan a condonar las costas procesales señaladas o, en su caso, a su minoración hasta una cuantía simbólica, acorde a la cuestión objeto de debate –como es la garantía de los derechos de los ciudadanos- y a la naturaleza de los objetivos propios de la Asociación a la que represento.

Zaragoza, 13 de julio de 2017.”

viernes, 21 de julio de 2017

NUEVAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN.



El nuevo Reglamento de las Cortes de Aragón, publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón, incluye como una de sus más importantes novedades un conjunto de mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios, y una concreta regulación del derecho de petición ante la Cámara, además de establecer criterios de transparencia de su actividad, a través de un Portal de Transparencia de las Cortes de Aragón y del reconocimiento del derecho de acceso a la información y documentación de las Cortes de Aragón.

Valoramos positivamente lo que ello supone de apertura del Parlamento a la acción pública de los ciudadanos, para reforzar la necesaria relación de colaboración entre sociedad y parlamento, evitando así que la representación política se desligue de la voz y la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, entre las cuales hay que incluir las que corresponden a la labor parlamentaria, sin que ello, lógicamente, desvirtúe el papel propio de la institución parlamentaria, como titular de la potestad legislativa y como principal agente de control político del Gobierno, comenzando por la confianza parlamentaria que se manifiesta, en primer lugar, en la investidura del Presidente del Gobierno de Aragón y en el respaldo a su programa político y acción de gobierno.

No es preciso recordar que esta Asociación a lo largo de sus diez años de actividad ha ejercido una constante acción ciudadana ante el Parlamento aragonés, a través del derecho de petición –negado en dos ocasiones por la Mesa de las Cortes y motivo de amparo por el Tribunal Constitucional, en una sentencia que necesariamente se ha debido tener presente a la hora de reformar su reglamento- y la comparecencia en tres ocasiones ante la Comisión parlamentaria de peticiones y comparecencia. Hemos estado permanentemente abiertos al contacto con los Grupos Parlamentarios, y a lo largo de estos años nos hemos reunido prácticamente con todos ellos, con contadas excepciones, entre las que se cuentan de manera significativa las nuevas fuerzas políticas  llamadas a superar un bipartidismo que nunca ha existido en nuestra Comunidad Autónoma. A los Grupos Parlamentarios hemos remitido, al inicio de cada legislatura, nuestro Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, y numerosas propuestas a lo largo de cada legislatura, y no podemos dejar de constatar la escasa capacidad de nuestros parlamentarios para su relación con las entidades cívicas, pues la inmensa mayoría de comunicaciones quedan sin respuesta de ningún tipo, sin siquiera acuse de recibo, como si al otro lado de la relación de representación no existiese nadie consciente de lo que tal relación implica y exige.

El nuevo reglamento titula su Título XVIII con la rúbrica “Del Parlamento abierto”,  y se abre con esta declaración: “Las Cortes de Aragón reconocen el derecho de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma (sic) a relacionarse con el Parlamento”. ¿Acaso ese derecho no existía antes? ¿No es consustancial a la relación de representación que existe entre los ciudadanos y sus representantes políticos? Los mecanismos de participación que se enuncian son la iniciativa legislativa popular, las audiencias ciudadanas y la propuesta de enmiendas en los procedimientos legislativos, las comparecencias ante la Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos, la presentación de propuestas de preguntas y proposiciones no de ley, como acción de control del Ejecutivo, y el derecho de petición.

Desde esta Asociación haremos uso intenso y constructivo de todos los mecanismos ahora contemplados en el reglamento de las Cortes de Aragón, del mismo modo que lo hemos venido haciendo en los diez años pasados, cuando desde la Mesa de las Cortes se cuestionaba nuestra legitimación para formular peticiones y se llegaba a acusarnos de injerencia en la actividad parlamentaria, por ejercer el derecho de petición. Confiamos en que el cambio normativo vaya, por lo tanto, acompañado de un cambio de cultura política en nuestros representantes, dejando atrás cualquier vocación de monopolio de las instituciones democráticas.

El Parlamento es una institución abierta a los ciudadanos por definición, y es bueno que las normas reglamentarias que lo regulan profundicen en la relación que vincula a representantes y representados, parlamentarios y ciudadanos, dotando a estos de instrumentos claros para canalizar al Parlamentos sus propuestas, sus demandas, sus aportaciones, y reforzar con ello el compromiso cívico y la confianza precisa en la capacidad de nuestras instituciones para avanzar en la necesaria regeneración democrática, y demostrar que la democracia representativa, núcleo insustituible de nuestro diseño institucional, no excluye la implicación ciudadana, sino que busca en ella el refuerzo imprescindible, la reafirmación de los valores que constituyen el cimiento de nuestra vida pública en libertad, la democracia como autogobierno.

martes, 18 de julio de 2017

LOS FUNCIONARIOS FRENTE AL DESAFÍO A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL EN CATALUÑA.



La deriva secesionista que viene auspiciada, de manera incomprensible, desde las propias instituciones catalanas, como podemos comprobar a diario, en lo que constituye una manifiesta vulneración del orden constitucional español, ha de encontrar una réplica adecuada en el compromiso con la legalidad que corresponde a todos los funcionarios públicos, sin cuya colaboración difícilmente podrá llevarse a cabo un proceso de consulta como el anunciado por el gobierno autonómico de Cataluña.

La adquisición de la condición de funcionario público queda sometida al requisito del acatamiento constitucional, de manera que el ejercicio de las funciones públicas solo cabe realizarlo desde el pleno sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, algo que corresponde tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, pero que, no cabe olvidarlo, es una obligación específica de la Administración y de quienes trabajan en ella como funcionarios públicos, a los que corresponde un papel insustituible como garantes de la legalidad.

Por ello, desde esta Asociación no podemos sino aplaudir el pronunciamiento de los secretarios, interventores y tesoreros de los entes locales catalanes, al afirmar su pleno compromiso con la legalidad y con la norma constitucional, avanzando su radical negativa a ejecutar cualquier actuación que pueda suponer una vulneración del ordenamiento jurídico, lo que supondría quebrantar su principal obligación como servidores públicos.

Nos gustaría recordar que la inamovilidad de los funcionarios públicos que se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público tiene, precisamente, la finalidad de reforzar y asegurar su imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones y su compromiso con la legalidad, con la obligación de desatender todas aquellas órdenes superiores de carácter ilegal.

A nadie se le escapa la radical ilegalidad de todas las actuaciones impulsadas desde el Ejecutivo autonómico catalán para romper el marco de convivencia democrático que asegura nuestra norma constitucional al conjunto de los españoles, y por ello ni un solo funcionario público de las diferentes administraciones públicas catalanas debería contribuir a la ejecución de las ilegales decisiones adoptadas por quienes parecen haber olvidado cual es la principal tarea que corresponde a los políticos, que no es otra que resolver los problemas de los ciudadanos y asegurar la convivencia de todos a través de políticas inclusivas, radicalmente opuestas a las lógicas identitarias que propugna el nacionalismo con las que se trata de romper la ciudadanía compartida y, en última instancia, la democracia y la libertad de las personas.

Frente a tal estrategia, los servidores públicos han de hacer prevalecer la legalidad constitucional, con la que están comprometidos de manera expresa e ineludible.

miércoles, 5 de julio de 2017

NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA UN NUEVO HORIZONTE DE ACTIVIDAD.



Este pasado lunes tuvo lugar la reunión constitutiva de la nueva Junta Directiva de la Asociación, parcialmente renovada en la pasada asamblea de 27 de junio. Reelegido como Presidente Julio Guiral, la Junta ve reducida su composición a ocho miembros, para asegurar una mayor operatividad en su funcionamiento, incorporándose como responsable de la Tesorería Victoria Conde, en sustitución de José Ramón Gálligo, y como nuevo vocal Alfredo Legaz, causando baja como vocales en la nueva Junta Eduardo Notivol, Guadalupe Zárate y Álvaro Hernández. Permanecen como vocales en la nueva Junta Adolfo Ballestín, Antonio Brotons, Enrique Borruel y Antonio Serrano, y, como Secretario, Félix Gracia.

De acuerdo con lo ya señalado en la reciente asamblea de junio, la Junta se marca como prioridades de su actuación la actualización del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración y el impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.

En primer lugar, respecto a la actualización del Documento, hay que revisar todas aquellas medidas sobre las que incide la reciente Ley de Integridad y Ética Pública, cuyos contenidos serán objeto de análisis en una sesión monográfica de debate que se celebrará al comienzo del próximo otoño, y cuya puesta en marcha debe ser objeto de especial atención por parte de la Asociación, a la vista del preocupante alcance que revisten muchas de sus previsiones.

En segundo lugar, durante los meses de verano, se tratará de perfilar con detalle la propuesta de Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública que se desea promover, a nivel estatal, junto con otras asociaciones del ámbito de la función pública española y con los centros de formación de opositores, de manera que sea posible conocer el grado de cumplimiento de las diferentes Administraciones Públicas en materia de acceso al empleo público y evaluar su comportamiento en un informe anual que se dará a conocer públicamente al inicio de cada ejercicio. Entendemos que la labor de observación y seguimiento de la actividad administrativa, y la implicación que sobre la labor de control quepa obtener por parte del Defensor del Pueblo e instituciones análogas, puede ofrecer resultados superiores a los que se derivan de la estricta acción ante los Tribunales, vista la lamentable evolución de los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el derecho fundamental de acceso a la función pública, renunciando claramente a la labor de garantía que le correspondería ejercer.

Asimismo, esta Asociación va a mantener el impulso a las iniciativas emprendidas para asegurar que al frente de los órganos que han de velar por el buen actuar administrativo, como es el Consejo de Transparencia de Aragón, figuren personas que gocen de la necesaria credibilidad y ejemplaridad en su actividad pública, sin que pueda darse el caso de que los llamados a vigilar el cumplimiento de las normas son los primeros que las incumplen, como ocurre en el caso del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón. Admitir dicha situación constituye un pésimo precedente que pone en entredicho toda la labor tendente a la regeneración de las instituciones públicas y a elevar el nivel de exigencia en la gestión de los asuntos públicos.

viernes, 30 de junio de 2017

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 3 DE JULIO DE 2017.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al lunes 3 de julio

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 3 de julio, a partir de las 19:00 horas, en local sito en C/ Doctor Cerrada, 23, proponiéndose para dicha el desarrollo de la reunión el siguiente



Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Constitución de la Junta Directiva resultante de la XI Asamblea ordinaria de la Asociación.
  4. Establecimiento de prioridades de la actividad de la Asociación, según acuerdos adoptados en la XI Asamblea.
  5. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 29 de junio de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 29 de junio de 2017

BALANCE DE ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA ASOCIACIÓN A LO LARGO DE 2016.



Con motivo de la asamblea anual de la Asociación celebrada el martes 27 de junio, se hace público el documento que resume la actividad desarrollada a lo largo del último año, tras la asamblea celebrada el 29 de marzo de 2016, agrupando las iniciativas en atención a su naturaleza:

ESCRITOS Y PETICIONES

1.- Petición de información pública al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre percepción del complemento de alto cargo en la Administración autonómica. 2.- Petición de información pública al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre volumen de interinidad existente en los diferentes sectores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3.- Requerimiento al Consejero de Hacienda y Administración Pública sobre aprobación de Oferta de Empleo Público para 2016. 4.- Reiteración de petición al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre aplicación del procedimiento de concurso de méritos para cubrir puestos de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 5.- Requerimiento al Alcalde de Zaragoza sobre aprobación de Oferta de Empleo Público para 2017. 6.- Solicitud de información pública al Rector de la Universidad de Zaragoza sobre volumen de interinidad existente en dicha Universidad. 7.- Petición de información pública a los Alcaldes de las tres capitales aragonesas sobre volumen de interinidad existente en dichas entidades locales. 8.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para instar acciones favorables a la ejecución de las sentencias del TSJA sobre ofertas de empleo público de 2014 y 2015 del Gobierno de Aragón. 9.- Escrito al Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, rechazando la oferta de formular alegaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón. 10.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón solicitando acciones para retirada recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Aragón contra sentencias del TSJA sobre ofertas de empleo público de 2014 y 2015. 11.- Petición a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre necesidad de cumplir obligaciones de publicidad activa en relación con los Decretos de Oferta de Empleo Público. 12.- Escrito a los Grupos Parlamentarios del Gobierno de Aragón comunicando la interposición de recurso judicial frente a la Oferta de Empleo Público para 2016 del Gobierno de Aragón. 13.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre necesidad de establecer un procedimiento reglado para nombramiento de los miembros de los Tribunales de oposición. 14.- Escrito al Presidente del Gobierno de Aragón sobre incumplimiento del plazo de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017. 15.- Escrito de petición a la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre dimisión o cese del Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón por incumplimiento de obligaciones de transparencia como alto funcionario de la Diputación Provincial de Zaragoza. 16.- Escrito a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón sobre incumplimientos legales en que incurre el Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón.

ACTOS PÚBLICOS

1. Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, con la proyección del documental “Corrupción: organismo nocivo” realizado por Pandora Box TV, el 13 de diciembre, en el Centro Joaquín Roncal.- 2.- Acto conmemorativo del X aniversario de la Asociación, celebrado el 15 de febrero, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Aragón, con proyección del documental “Corrupción: organismo nocivo”, y posterior coloquio con la presencia de Julio Guiral, Manuel Contreras, Teresa Soler y José Manuel Aspas.

COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS

Comparecencia ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, el 17 de junio de 2016, para expresar la situación del derecho de acceso en la Administración de la Comunidad Autónoma y reclamar la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las ofertas de 2014 y 2015 del Gobierno de Aragón.

QUEJAS,  RECLAMACIONES Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Queja al Justicia de Aragón por anomalías producidas en el proceso selectivo de Administrativos. 2.- Reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón por el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de los Decretos de Oferta de Empleo Público. 3.- Escrito de petición al Justicia de Aragón relativo a la evaluación del funcionamiento de la Institución y propuesta de mejoras.

ACTUACIONES JUDICIALES

1. Interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a sentencia del Tribunal Supremo sobre Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado de 2014, con el fin de cuestionar la constitucionalidad de las tasas de reposición previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2.- Impugnación, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, de la Oferta de Empleo Público para 2016 del Gobierno de Aragón, tanto en el ámbito de administración general como de personal estatutario del servicio de salud.

martes, 27 de junio de 2017

OPORTUNIDAD DE IMPULSAR UN INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONTROL SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: UN OBSERVATORIO DEL DERECHO.



El pasado día 10 de junio, en el marco del Congreso Estatal de Empresas de Formación, celebrado en la ciudad de Burgos, intervino un representante de nuestra Asociación para plantear a los asistentes a dicho Congreso la idea de impulsar un Observatorio del Derecho de acceso a la función pública, de ámbito estatal, cuya actividad de control abarque los tres niveles de la Administración española: estatal, autonómico y local. Con un proceso de diseño e implantación gradual que vaya facilitando su consolidación. Dicha idea tuvo una buena acogida por parte de los asistentes y esperamos poder iniciar las tareas para su organización y puesta en marcha a partir de este próximo otoño.

La observación es un mecanismo de control, mediante el que poder detectar y señalar los incumplimientos y las demoras en que incurren las diferentes Administraciones Públicas  y hacerlo públicamente es una manera de incidir en sus decisiones, en su preocupación por cumplir con las normas, en su interés en no ser señalados como incumplidores.

Acaso, por aquello que decía Jeremías Bentham, y que cita con frecuencia el profesor Manuel Villoria (así, en el documental “Corrupción: organismo nocivo”) a propósito del control y de la actitud vigilante sobre el comportamiento tanto público como privado: “cuanto más te observo, mejor te comportas”.

Qué tipo de observatorio proponemos desde nuestra Asociación:

Una plataforma de colaboración entre todo tipo de entidades interesadas en que se respete el derecho de acceso a la función pública, en la que caben las academias de formación y preparación, las asociaciones que tienen entre sus objetivos el buen funcionamiento de la función pública y los particulares o profesionales dispuestos a aportar su esfuerzo y su conocimiento al desarrollo de esta labor de control.

Qué debemos observar:

-      Debemos observar, en primer lugar, que las Administraciones Públicas aprueban anualmente la correspondiente oferta de empleo público.

-         En segundo lugar, debemos hacer un seguimiento de la convocatoria y realización de los procesos selectivos que se corresponden con cada una de las ofertas aprobadas.

-  Debemos, a su vez, evaluar cualitativamente, conforme a los criterios que establezcamos de manera consensuada, el comportamiento de las Administraciones, con el objeto de estimular un buen comportamiento y buenas prácticas.

-       Debemos separar lo que es información, de lo que es control activo, requerimientos concretos realizados a las Administraciones para que corrijan sus incumplimientos.

-    Debemos fomentar una actitud de exigencia entre los particulares afectados, fomentando la creación de plataformas de interesados.

-    Debemos controlar la evolución de los niveles de interinidad existentes en las diferentes Administraciones, haciendo uso para ello del derecho de acceso a la información pública y reclamando calidad en los boletines estadísticos de personal que se elaboren en cada Administración.

-    Debemos crear la red oportuna de recogida de información, y establecer una estructura de la misma que permita su consulta fácil por todos los ciudadanos, y sirva para ejercer el control activo por las asociaciones dispuestas o llamadas a ejercerlo.

-      Debemos establecer los contactos necesarios con el conjunto de instituciones y órganos que han de velar por la adecuada aplicación de las normas, especialmente el Defensor del Pueblo y figuras análogas existentes en las Comunidades Autónomas.

-         Debemos igualmente sensibilizar, con la información recopilada y los documentos elaborados, a los responsables de función pública en los diferentes niveles de gobierno y a los Parlamentos, en particular a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, que vienen estableciendo límites al derecho de acceso y a la oferta de empleo público en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

Este proyecto de Observatorio del Derecho de acceso a la función pública es una de las iniciativas que se someterán a debate en la asamblea de la asociación que se celebrará en la tarde de hoy en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza.

lunes, 26 de junio de 2017

ANTE LA XI ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN.



Mañana, 27 de junio, se celebrará la XI Asamblea de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, lo que supone culminar diez años de actividad, desde la creación en febrero de 2007. Poco han cambiado las circunstancias de la Administración desde entonces, pues ni siquiera se ha producido el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, ni en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ni en la Administración General del Estado.

Ni en materia de legalidad o cumplimiento de las normas de función pública –con elevadas tasas de interinidad resultantes de la falta de aprobación de ofertas de empleo público suficientes, acordes a las necesidades reales y respetuosas del derecho de acceso de los ciudadanos- ni en materia de profesionalidad –donde la discrecionalidad en la provisión de puestos sigue dominando sobre el mérito de los candidatos, creando una estructura sumisa y clientelar hacia los diferentes partidos políticos- hemos obtenido avances significativos.

La sociedad cambia, la realidad cambia, pero la función pública persiste con la inercia de todas sus disfunciones, carente de un horizonte definido y de un proyecto de puesta al día, que le asigne el imprescindible papel que le corresponde en la gestión eficaz de los servicios públicos y en la realización diaria de todas las garantías que supone el Estado de Derecho para los ciudadanos. Quienes trabajan en la Administración no tienen, al parecer, más remedio que aceptar el estado de cosas existente, adecuar sus pautas de conducta a las reglas no escritas que rigen el funcionamiento real de la organización, y buscar el equilibrio adecuado entre la aplicación y la inaplicación de las normas, que normalmente se traduce en lo que todos conocemos como “voluntad política”. Justamente frente a todo ello quiso reaccionar esta Asociación, pero es evidente que su actividad y el esfuerzo desplegado durante esta pasada década han tenido pocos logros, aunque cabe pensar que acaso, sin ello, el deterioro podría haber sido mayor aún.

Las políticas de calidad que fueron formuladas en la anterior legislatura carecen del más mínimo impulso político, y lo mismo cabe augurar a las pretendidas normas de integridad y ética pública recientemente aprobadas, pues no es posible imaginar ninguna calidad ni ética en la gestión de los asuntos públicos que no se cimente en el principio de legalidad, lo que hoy sigue siendo el mayor y más grave déficit de nuestras Administraciones.

Son numerosas las normas que ni se aplican ni se desarrollan –el ejemplo del Estatuto Básico del Empleado Público es manifiesto, pero hay otras muchas normas que resultan papel mojado, devaluando con ello el valor de la ley, lo que es de una gravedad enorme en un Estado de Derecho- y, así, son numerosos los casos en los que las Administraciones se apartan de las obligaciones y mandatos que señalan las leyes: ni siquiera el Gobierno de Aragón se siente vinculado por el Estatuto de Autonomía de Aragón, y se permite incumplir los plazos marcados para la remisión del Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón, sin que nadie formule reproche alguno.

Si las instituciones no cumplen las normas, dónde queda su legitimidad para exigir su cumplimiento a los ciudadanos. Frente a la pérdida de legitimidad de las instituciones –por su olvido del principio de legalidad- propugnamos un creciente activismo ciudadano que contribuya a recuperar el necesario respeto a las normas y el sometimiento de todos los poderes públicos a las mismas. Y en esa reacción cívica han de desempeñar un papel especial los servidores públicos, pues son quienes por su posición están llamados a hacer respetar las normas y garantizar el interés general de manera objetiva.

Por ello, esta Asociación reafirma su compromiso con los principios que inspiraron su creación y se compromete a seguir actuando en defensa de los valores de legalidad, profesionalidad y ética pública en el seno de la Administración Pública y del conjunto de las instituciones, contribuyendo con ello a la fortaleza de nuestra democracia, y a la dignificación de la función pública.

martes, 20 de junio de 2017

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN: 27 DE JUNIO DE 2017.



Según lo acordado en reunión de la Junta Directiva de la Asociación, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Asociación, se convoca la 11ª Asamblea Ordinaria de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza (C/ Hernán Cortés, 33,  Zaragoza), a las 19:00 horas en primera convocatoria (segunda convocatoria a las 19:30 horas), de acuerdo con la siguiente propuesta de Orden del Día:


ASAMBLEA ORDINARIA:

1. Aprobación, si procede, del orden del día
2. Aprobación, si procede, del Acta de la asamblea anterior.
3. Informe sobre actividades desarrolladas durante el ejercicio 2016.
4. Presentación y aprobación, si procede, del balance económico.
 5. Estrategia de actuación futura: Actualización del Documento de Propuestas para la Legislatura: impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.
6. Renovación parcial de cargos de la Junta Directiva, incluyendo Presidente y Tesorero
7. Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 19 de junio de 2017
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
Julio Guiral Pelegrín



Nota: Con respecto al punto 6º de la propuesta de Orden del Día, se recuerda que, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, es posible tanto la presentación de candidaturas conjuntas (incluyendo Presidente, Tesorero y vocales), como la postulación de forma individual para cualquiera de los cargos de necesaria renovación.

viernes, 2 de junio de 2017

LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA: UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE DE LA TRANSPARENCIA.



La publicidad activa, de la que es un claro ejemplo la información estadística oficial, entre la cual se deben incluir los boletines estadísticos de personal que elaboran y difunden las diferentes Administraciones Públicas, es uno de los pilares de la transparencia pública, pero para cumplir la verdadera finalidad que tiene dicha publicidad, la información puesta a disposición de los ciudadanos ha de cumplir exigencias de claridad y de calidad.

Tales exigencias de claridad y calidad no se cumplen por el boletín estadístico de personal confeccionado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, con periodicidad semestral, tal y como esta Asociación ha puesto de manifiesto de manera reiterada a los responsables de la función pública del Gobierno de Aragón y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón.

Entre todos los datos que hoy carecen de la debida precisión, y que conllevan una negación de la calidad y claridad exigibles a toda publicidad activa por parte de los poderes públicos, figuran los relativos al número de plazas ocupadas por funcionarios interinos y personal temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicho número es esencial para conocer las tasas reales de temporalidad en la función pública autonómica y para juzgar la suficiencia o no de las ofertas anuales de empleo público que corresponde aprobar al Gobierno de Aragón.

Las Administraciones han de poner a disposición de todos los ciudadanos los elementos necesarios para que éstos puedan ejercer con plenitud los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico. El derecho de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, requiere como primera premisa de transparencia pública que los ciudadanos dispongan de información clara y precisa de las plazas que anualmente han de incluirse en las ofertas de empleo público, pudiendo así controlar la suficiencia y regularidad de las mismas.
Un boletín estadístico que no aporte información válida para el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos, para la planificación o para el conocimiento público de la dimensión y situación real de la función pública, incumple las exigencias básicas de cualquier elemento de publicidad activa, es decir, de transparencia de la actividad pública.

Se reproduce a continuación el escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:

“JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. número  17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con número 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y formula, al amparo del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, en relación con el Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, la siguiente petición:

1.     El objetivo de un boletín estadístico de personal, como el que se confecciona periódicamente por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, ha de ser doble: por una parte, constituye un ejercicio de publicidad activa, en el marco de la política de transparencia de la actividad pública, y por otra parte, constituye un elemento ineludible de información para la planificación de la política de personal y la toma de decisiones en dicha materia.

La consecución de ambos objetivos requiere, en cualquier caso, una adecuada calidad en la estructura y en el contenido de la información de tales boletines estadísticos, y una condición esencial de los datos contenidos en ellos es que su enunciado o agrupación se corresponda con las categorías señaladas en la normativa vigente de función pública.

En tal sentido, debe subrayarse que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, contiene en su artículo 8 la clasificación de los empleados públicos, estableciendo las siguientes categorías: a) Funcionarios de carrera.; b) Funcionarios interinos; c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y d) Personal eventual.

El  Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su actual configuración,  no se ajusta a tales categorías, como cabe comprobar al observar su apartado 3.3,  ya que no considera la información sobre los Funcionarios Interinos, lo que constituye una omisión que impide conocer  la plantilla real de empleados públicos de Aragón.

Debiera, además, diferenciarse entre los funcionarios interinos que ocupan puesto de trabajo reservado a funcionario de carrera y los que ocupan puesto vacante, por la incidencia que tal circunstancia revista de cara a la aprobación de las ofertas anuales de empleo público.

2.     En varias ocasiones hemos solicitado al Consejero responsable de Función Pública que se corrigiese esa y otras disfunciones en que incurre el citado Boletín. Incluso en una comparecencia parlamentaria durante de la pasada legislatura,  el Consejero responsable se comprometió a una mejora del citado Boletín.

Visto que en el último boletín publicado con datos de diciembre de 2016, ya bajo su responsabilidad como Consejero no se han  adoptado mejoras, ni se incluyen los Funcionarios Interinos como una de las cuatro clases de empleados, ni tampoco se utiliza como información el Registro de Personal como fuente fidedigna y oficial de la información sobre personal, nos vemos en la necesidad de reiterar nuestra demanda de mejora.

Por ello, le solicitamos, de acuerdo con el derecho reconocido en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que en el próximo Boletín estadístico correspondiente a junio de 2017:

1. La estructura del conjunto de personal ha de reflejar las diferentes categorías de empleados públicos, citándose expresamente la clase de Funcionario Interino.

2. Los datos que sirven de base a la confección del boletín han de extraerse, como señala la normativa, del correspondiente Registro de Personal, tal y como se hace en el Boletín confeccionado por la Administración General del Estado.

3. Debe incorporarse información sobre los puestos de trabajo ocupados en comisión de servicios y otras adscripciones temporales, indicándose la duración media de las comisiones de servicio otorgadas.

4. Debiera contenerse en el Boletín una tabla que especifique los gastos de personal, y que identifique el volumen de los gastos de personal que corresponde a cada Departamento y cada uno de los sectores de la Administración, como son Administración General, Educación y Sanidad.

5. Debiera igualmente valorarse como mejora futura  la oportunidad de un boletín estadístico de actualización mensual, que permita seguir las variaciones y modificaciones del empleo público a lo largo del tiempo en plazo inferior al ahora semestral

6. Por último, debiera alcanzarse una mejor coordinación con la Administración General del Estado, para que se subsanen las diferencias, a veces abultadas (52.730 frente a 44.823 para junio de 2016), entre los datos del empleo público total que se publican en el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, confeccionado por el Registro Central de Personal, y el Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, elaborado por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

Zaragoza, 29 de mayo de 2017.”

jueves, 25 de mayo de 2017

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION: 20 DE JUNIO DE 2017.



La Junta Directiva de la Asociación, reunida el pasado martes 23 de mayo, decidió proceder a la convocatoria de la Asamblea anual de la Asociación para el próximo 20 de junio de 2017, una vez superadas las circunstancias que han demorado tal decisión.

La citada Asamblea, de acuerdo con lo señalado en los Estatutos, conocerá de la memoria de actividades del año concluido, así como del balance económico de dicho periodo, y procederá a la renovación parcial de los miembros de la Junta, incluidos los cargos de Presidente y Tesorero.

De acuerdo con lo decidido en la reunión del pasado martes, la Asamblea del próximo mes de junio habrá de servir para realizar un documento de estrategia de la Asociación, revisando las pautas de actuación que se han seguido en los diez años de actividad que ahora concluyen, y deberá igualmente revisarse y actualizarse el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración aprobado al comienzo de la actual legislatura, si bien todas sus propuestas siguen conservando gran parte de su vigencia, a la vista de los escasos progresos –por no hablar de retrocesos- habidos en materia de legalidad, profesionalidad y ética en la función pública.

Especial atención, en la nueva estrategia a seguir por la Asociación, merece el objetivo de permanente defensa del derecho fundamental de acceso a la función pública, ante la preocupante involución de la posición adoptada por el Tribunal Supremo en sus más recientes pronunciamientos sobre ofertas de empleo público, en las que parece haberse ignorado el contenido esencial del derecho, al admitir su total disponibilidad por parte de las leyes de presupuestos.

En tal sentido, esta Asociación está dispuesta a promover, junto con otras entidades privadas, un Observatorio del Derecho de Acceso al Empleo Público, desde el que poder realizar un completo seguimiento del respeto por parte de las Administraciones Públicas del régimen de acceso al empleo público –en especial, la aprobación de oferta anual de empleo público, la realización de los procesos selectivos autorizados en el plazo marcado por las normas, y la realización de las pruebas de selección con las garantías adecuadas para asegurar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad-, con la consiguiente eliminación de las actuales tasas de interinidad que han desfigurado y degradado nuestro modelo constitucional de función pública.

Estamos convencidos de la necesidad de que los servidores públicos cuenten con un instrumento como esta Asociación para la promoción y defensa de los valores de la función pública, y para contribuir activamente, en ejercicio de su responsabilidad cívica, a la calidad institucional y a la vigencia plena de los principios democráticos.