viernes, 19 de enero de 2018

TOMAR EN SERIO LAS COSAS: EJERCER LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y DEL ESTADO DE DERECHO.



Esta Asociación va a tratar de analizar la situación compleja en la que está quedando sumido el ejercicio del derecho de acceso a la función pública, a causa del sistemático incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público por parte de las Administraciones Públicas y el deficiente amparo del derecho por parte de los Tribunales y de los órganos de vigilancia y defensa de los derechos de los ciudadanos, como son el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo. 

Llama la atención la actividad de los Servicios Jurídicos del Estado para impugnar las ofertas de empleo público, cuando exceden el límite indebido de las tasas de reposición establecidas en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, frente a la pasividad general de las instituciones de control y garantía cuando las Administraciones no aprueban las ofertas de empleo público que exige el ordenamiento jurídico o no convocan, en los plazos establecidos, los procesos selectivos correspondientes, incurriendo con tal inactividad en una manifiesta vulneración del derecho de los ciudadanos, lo cual podría revestir incluso relevancia penal, pues la lesión de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, constituye una infracción del ordenamiento constitucional, y un claro menoscabo del Estado de Derecho.

La inaplicación de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, en el que se obligaba a incluir en la oferta anual de empleo público todas aquellas plazas ocupadas por personal interino, salvo que se optase por su amortización, ha provocado una grave descomposición del sistema de acceso a la función pública, que se constata con la compleja situación judicial a la que nos hemos visto abocados, con la frontal pugna de intereses del personal interino y la acción de los sindicatos de la función pública para obtener la estabilización del empleo temporal, sacrificando con ello el efectivo ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, conforme a estrictos criterios de mérito y capacidad.

Las tasas de reposición de efectivos –y la interpretación que de ellas se ha venido haciendo por los Tribunales y por los responsables de función pública de las distintas administraciones, incluido el Gobierno de Aragón- han degradado nuestra función pública y han desfigurado gravemente uno de los elementos definitorios de nuestro modelo de servicio público, como es el principio democrático y meritocrático del acceso a la función pública, generando a su vez bolsas de interinidad en el seno de las Administraciones que han distorsionado el correcto funcionamiento de todo el sistema y que han consagrado una dualidad en la gestión del personal que supone una clara desigualdad y discriminación de derechos y una pérdida de calidad y profesionalidad y un menoscabo en el papel de garante de la legalidad administrativa que corresponde a la función pública.

Nunca hemos admitido que el gasto público –es decir, la norma presupuestaria- pueda suspender el ejercicio de un derecho fundamental –como es el de acceder a la función pública-, pues la legalidad presupuestaria no puede prevalecer sobre la norma constitucional. Cosa distinta es que el gasto público pueda controlarse a través de medidas salariales o de limitación de la plantilla de personal funcionario, pero en modo alguno cabe aceptar que la falaz invocación al gasto púbico –sin efecto real alguno en su contención- sirva para congelar la oferta de empleo público y disparar las tasas de interinidad en el conjunto de las Administraciones, quebrando con ello el modelo constitucional y legal de acceso a la función pública, e inaplicando de manera arbitraria lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por todo ello, esta Asociación va a seguir demandando el escrupuloso respeto al derecho de acceso a la función pública, del que son titulares todos los ciudadanos, sin que puedan prevalecer otros intereses ni razones de índole personal o económica, como son los invocados por interinos afectados, sindicatos y responsables de la función pública. La función pública debe ser rescatada de la situación de deterioro en que se encuentra, y a ello debieran aplicarse las energías de todos, comenzando por las instituciones llamadas a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

miércoles, 17 de enero de 2018

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 23 DE ENERO DE 2018



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo martes 23 de enero

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 23 de enero de 2018, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Acciones en materia de transparencia y del Consejo de Transparencia de Aragón.
  5. Actuaciones en materia de oferta de empleo público: decisión de posible recurso frente a sentencia del TSJA sobre oferta de 2016.
  6. Diseño de las actividades para el primer trimestre del año 2018.
  7. Preparación de la asamblea anual de la Asociación
  8. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 17 de enero de 2018.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

jueves, 11 de enero de 2018

MENSAJE DE SALUTACIÓN AL NUEVO PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN: NECESARIA CLARIDAD EN EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO.



Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa hemos dirigido al nuevo Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, un escrito de felicitación por su reciente nombramiento, escrito que aprovechamos para aludir a dos cuestiones que ponen de relieve el olvido de la legalidad por parte del Gobierno de Aragón y sobre las que debería estar vigilante dicho órgano de control.

La legalidad presupuestaria comienza por la obligación de aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos en los plazos señalados por el Estatuto de Autonomía de Aragón –obligación cuyo incumplimiento no hace sino señalar la escasa voluntad de sometimiento del Gobierno de Aragón al ordenamiento jurídico, del cual el Estatuto de Autonomía de Aragón es justamente la norma de la que deriva su propia existencia-, sin que el incumplimiento de la legalidad pueda verse eximido por razones de índole política, como es la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante dicho proyecto. Los apoyos han de recabarse con anterioridad a la fecha de obligada presentación, para demostrar a los ciudadanos que la ley vincula a todos, empezando por los poderes públicos. Mal ejemplo ofrece el Gobierno al ignorar sus obligaciones legales, y ese comportamiento debiera ser censurado de manera expresa por la Cámara de Cuentas, así como por las propias Cortes de Aragón.

Entendemos igualmente que el gasto de personal debe estar vinculado a la legalidad de su selección, sin que pueda considerarse admisible que las retribuciones se abonen a personas que no se han incorporado a la Administración conforme a los principios establecidos por la Constitución Española y las leyes de función pública, responsabilidad que lógicamente no recae sobre los trabajadores públicos en situación de interinidad sino sobre los responsables de la política de personal. Por ello, resulta todavía más rechazable el hecho de que sean las propias Leyes de Presupuestos las causantes de la quiebra del sistema de acceso a la función pública y de la normal selección de los funcionarios públicos, provocando con la congelación de ofertas de empleo público elevadas tasas de interinidad y el consiguiente deterioro de la función pública. La absurda técnica de las tasas de reposición de efectivos, que ha impedido corregir la interinidad creciente, se ha revelado no solo ilógica sino también ruinosa para el erario público, a la vista de los fallos judiciales que vienen a obligar a las Administraciones a indemnizar a los interinos con motivo de su cese, generando con ello una gravísima amenaza a la estabilidad presupuestaria, justamente el resultado contrario al alegado para su establecimiento.

De todo ello es necesario que se haga balance por parte de los órganos de control del gasto público, de manera que podamos saber cuánto cuesta a los ciudadanos tanto la prórroga presupuestaria, por falta de Presupuestos aprobados a 1 de enero de cada ejercicio, como los gastos innecesarios derivados de la interinidad en las Administraciones Públicas, propiciada con la falaz justificación de contener el gasto público.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al nuevo Presidente de la Cámara de Cuentas:


D. Alfonso Peña Ochoa
Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón
C/ Jerusalén, 4
50009-ZARAGOZA

Zaragoza, 10 de enero de 2018.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad comprometida con los valores de la legalidad, profesionalidad y ética pública en el ejercicio de la actividad de los servidores públicos y del funcionamiento de las instituciones públicas, deseo expresarle nuestra felicitación por su reciente nombramiento como Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Valoramos muy positivamente la existencia de un órgano de control externo de la legalidad presupuestaria que supervise, con rigor y agilidad, la actividad de las administraciones públicas aragonesas y que refuerce los principios de transparencia y eficiencia del gasto público.

Desearíamos aprovechar esta ocasión para manifestarle nuestra preocupación por el reiterado incumplimiento del Gobierno de Aragón del plazo establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y su posterior remisión a las Cortes de Aragón, práctica que entendemos debe censurarse desde esa Cámara, siendo igualmente deseable que se señalen los efectos que conlleva para los ciudadanos y para el funcionamiento de los servicios públicos la no existencia de Ley de Presupuestos al inicio de cada ejercicio.

Igualmente nos gustaría insistirle en el grave incumplimiento del régimen de selección de personal en que vienen incurriendo las Administraciones, con la falta de aprobación de ofertas de empleo público o con aprobación de ofertas manifiestamente insuficientes, generando con ello elevadas tasas de interinidad que afectan a la profesionalidad y calidad de la función pública y constituyen un menoscabo al papel que corresponde a la Administración Pública en un Estado de Derecho, pues la inamovilidad del funcionario de carrera constituye una garantía expresa para asegurar su deber de imparcialidad y objetividad. Entendemos, por otra parte, que la ausencia de ofertas de empleo público, lejos de suponer una medida de ahorro presupuestario, constituye un uso irregular y un gravamen para el gasto corriente de las Administraciones.

Le expresamos nuestra voluntad de diálogo y colaboración con la Institución que preside, agradeciéndole de antemano la atención al conjunto de propuestas que a lo largo de este nuevo periodo podamos trasladarle con el fin de incrementar la calidad del funcionamiento institucional y la eficacia y legalidad de la actuación administrativa.

Confiando en que dicho diálogo se vea mantenido y reforzado en esta nueva etapa, reciba nuestra felicitación y más cordial saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa