miércoles, 18 de octubre de 2017

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS CIUDADANOS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA, OBJETO INDEBIDO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.



La Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma parece haber alcanzado un acuerdo entre Administración y Sindicatos de la función pública para la aprobación de las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019, con la inclusión en las mismas de un importante número de plazas -9.671-, con lo que se vendría a reducir de forma significativa el elevado índice de temporalidad actualmente existente en la Administración autonómica.

Al margen de las cifras manejadas y de los efectos reales que ello llegue a tener en el funcionamiento de los diferentes sectores de nuestra Administración, hemos de reiterar nuestra postura contraria a que una cuestión como las necesidades de nuevo personal –claramente autoorganizativa de la Administración- y, sobre todo, el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, se vea sometido no a la legalidad constitucional y administrativa, sino al acuerdo entre responsables de función pública y sindicatos, otorgando al ámbito de la negociación colectiva la capacidad de decidir sobre el alcance de un derecho constitucional que corresponde al conjunto de los ciudadanos, tanto españoles como del resto de los Estados de la Unión Europea. Ello supone, a nuestro juicio, un claro olvido de los límites que, para la negociación colectiva, establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

El incumplimiento por parte de la Administración –del conjunto de las Administraciones Públicas- del deber de aprobación anual de ofertas de empleo público y de convocatoria en plazo y con las debidas garantías de publicidad e igualdad de los correspondientes procesos selectivos ha generado un evidente deterioro en las condiciones del empleo público y un claro menoscabo en el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, como es el de acceder a la función pública conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Desde esta Asociación hemos combatido jurídicamente –ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y también ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional- por el restablecimiento pleno del derecho fundamental de acceso, tratando de disociar las fórmulas de contención del gasto público –que debieran operar sobre el volumen y dimensión de las plantillas- y el régimen de acceso a la función pública, asegurando lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, como norma legal que vino a determinar y configurar el contenido esencial del derecho establecido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Pese a un inicial éxito en nuestras actuaciones, obteniendo un pronunciamiento que parecía decisivo del Tribunal Supremo, y que obligó a incorporar en las ofertas de empleo de 2007 y 2011 la totalidad de las plazas cubiertas por funcionarios interinos que habían sido omitidas, ha acabado imponiéndose una doctrina restrictiva del alcance del derecho, permitiéndose que las leyes anuales presupuestarias excepcionen y limiten la eficacia de un derecho fundamental, opción que desde esta Asociación seguimos entendiendo totalmente infundada y lesiva para la posición que corresponde a los ciudadanos, posibilitando con ello la actuación arbitraria de los poderes públicos y el vaciamiento del régimen de acceso a la función pública.

Frente a lo que ahora parece el restablecimiento del derecho de acceso, cosa que celebran como triunfo histórico los sindicatos de la función pública, hemos de mantener nuestra posición de siempre: el respeto al derecho de los ciudadanos no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Las tasas de reposición establecidas anualmente, y sus excepciones, aplicadas sin ningún criterio que resulte objetivamente comprensible, no son aceptables desde nuestra óptica de administración pública democrática y profesional, configurada como elemento esencial del Estado de Derecho y, por lo tanto, vinculada especialmente al respeto de las normas y de los derechos de los ciudadanos, comenzando por el derecho de acceso a la función pública.

No vamos a cejar en nuestro empeño de defensa de la legalidad y en nuestra crítica a que el ejercicio de un derecho de los ciudadanos se vea mediatizado por los posibles acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva. La titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales emanan directamente de la Constitución y de las Leyes que la desarrollan –como es el caso del Estatuto Básico del Empleado Público- y su contenido no es disponible ni para las Administraciones ni mucho menos para los sindicatos de la función pública. Mucho menos puede ser objeto de negociación y acuerdo –siempre a la baja- de quienes, como cualquier poder público o entidad privada, están expresamente sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Por todo ello, y a la espera de valorar el contenido del acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación celebrada ayer, manifestamos aquí nuestro rechazo al mero hecho de que la efectividad de un derecho fundamental pueda quedar a merced de lo tratado en el ámbito de la negociación colectiva, marco del que obviamente están excluidos los ciudadanos.

miércoles, 4 de octubre de 2017

NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL LOBBY.

La calidad de nuestra democracia sigue siendo una necesidad permanente y una demanda de las organizaciones de la sociedad civil, procurando cauces de participación institucionales que refuercen la democracia representativa, y por ello desde esta Asociación deseamos hacernos eco de la petición que desde Access Info Europe y Transparencia Internacional se ha dirigido a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para impulsar una regulación exigente de la actividad de los lobbies en los procesos de decisión pública, en la definición de políticas y en la elaboración de normas. La transparencia con la que han de actuar los grupos de presión que quieren incidir en la toma de decisión -haciendo presentes los intereses de sectores o grupos de interés- es un requisito del control ciudadano sobre el ejercicio del poder político en una democracia exigente.
Se reproduce a continuación el contenido de la nota difundida, con fecha de hoy 4 de octubre de 2017, por ambas organizaciones, con las que esta Asociación colabora en el marco de Coalición Pro Acceso:
 
Access Info Europe y Transparencia Internacional España instan a los grupos parlamentarios a que la regulación del lobby en el Congreso de los Diputados garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones, en línea con los estándares internacionales.
Las organizaciones han valorado positivamente la reanudación del debate sobre la regulación de la actividad de los lobbies a través de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, consideran que el alcance del actual texto es muy limitado, que se encuentra alejado de los estándares internacionales y que ni siquiera cumple los mínimos transparencia e integridad del lobby que ya contemplan regulaciones de nuestro entorno como en Francia o la Unión Europea.
Ambas organizaciones han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios. El documento está disponible aquí [pdf].
Pedimos que la regulación del lobby garantice el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas. Para eso la norma debe establecer claramente que el registro vaya a ser público, pero también las agendas de los diputados”, ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.
Existe un interés público significativo en asegurar la transparencia e integridad del lobby. Para que la reforma actual no suponga una oportunidad perdida, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace lobby, la información que se proporciona a la hora de registrarse y que el organismo de supervisión se independiente”, añade Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España.
Entre las propuestas de las organizaciones, en línea con los Estándares Internacionales de la Regulación del Lobby, destacan:
» Definir la actividad del lobby de manera clara e inequívoca, como actuación que implique cualquier comunicación directa o indirecta con un cargo público que se realice, gestione o instruya con la finalidad de incidir en decisiones sobre cuestiones públicas.
» Garantizar que la información del registro va a ser detallada y accesible y va a permitir el ejercicio del control por parte de la sociedad civil.
» Publicación de las agendas completas de trabajo de los cargos con responsabilidad en la toma de decisiones, con información sobre las reuniones mantenidas, incluyendo los documentos compartidos.
» Crear un mecanismo independiente de supervisión que disponga del mandato y de los recursos suficientes para velar por el cumplimiento de las obligaciones. El modelo propuesto por el texto para que sea la Presidencia del Congreso con la asistencia de la Secretaría General no cumple estos requisitos.
» Establecer sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tanto a lobistas como a cargos públicos o políticos.
Ambas organizaciones inciden, además, en que, introducir una regulación del lobby únicamente en el Congreso de Los Diputados de forma aislada e independiente, limita el alcance de la misma. Por eso, piden a los grupos parlamentarios que avancen en la regulación del lobby en el poder ejecutivo, contemplando un registro común o conectado para los distintos poderes.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

POR UNA CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA.



La deriva independentista de las instituciones catalanas y su desafío manifiesto al orden constitucional español han venido acompañados de un conjunto de argumentos absolutamente falaces sobre lo que es y no es democrático, tratando de revestir la ilegalidad de ropajes democráticos a la vez que se tilda de reaccionarios y autoritarios a quienes defienden el Estado de Derecho, que no es otra cosa que la democracia institucionalizada y, por lo tanto, la máxima garantía de las formas y valores democráticos en nuestra sociedad. Mal pueden erigirse como paladines de la democracia quienes no respetan ninguna de sus exigencias.

Lo que evidencia el momento actual –al margen de otras muchas cosas- es la preocupante falta de cultura cívica y democrática en amplias capas de nuestra sociedad. Nadie mínimamente serio y formado y con el sentido suficiente de lo que supone vivir en democracia y bajo el imperio de las leyes puede aceptar la perversión del lenguaje -a la que asistimos- por parte de quienes propugnan la desaparición de nuestro marco de convivencia.

No basta con confiar en que la razón acabe imponiéndose al actual desvarío –fruto de la manipulación y la propaganda, de la falsedad, de la intolerancia y de la insolidaridad-, sino que es necesario promover tanto por las instituciones como por la propia sociedad civil un conjunto de iniciativas dirigidas a reforzar la cultura cívica y democrática imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad y un estado democráticos.

En reiteradas ocasiones, desde esta Asociación, hemos denunciado la banalización de la ilegalidad, la indiferencia con que buena parte de los responsables públicos decidían prescindir de las exigencias y garantías legales e imponer decisiones arbitrarias, sacrificando el interés general a otros intereses personales o clientelares, provocando la creciente desafección de los ciudadanos frente a las instituciones y la pérdida de confianza en el valor de la ley como garantía de los derechos y freno frente al abuso de quienes ejercen el poder en cada momento. La corrupción pública y el descrédito de la política son la más clara manifestación de ese proceso de deterioro y degradación que supone el desprecio y el desconocimiento de la ley.

Por ello, ahora que el desprecio de las leyes parece ser bandera democrática para una parte de la sociedad catalana y de sus instituciones -y de quienes son sus compañeros de viaje-, debemos reiterar nuestra defensa del Estado de Derecho como elemento indisociable de la vida democrática. Sin respeto a la ley no hay democracia ni libertad, sino arbitrariedad y opresión. La ley es el poder de los ciudadanos, y el Estado de Derecho está llamado a asegurar la igualdad de todos en derechos y obligaciones. El respeto a la legalidad constituye premisa necesaria de toda sociedad decente y civilizada. Esa es la convicción que como servidores públicos y como ciudadanos ha alentado en todo momento nuestra actividad como Asociación.

martes, 26 de septiembre de 2017

ABRIR NUEVOS CAMINOS.



La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión del pasado lunes 18 de septiembre, dio por iniciado el nuevo curso de actividad, con la voluntad de reafirmar su defensa de los valores propios del Estado de Derecho –frente a los que confunden democracia con ilegalidad y desafío a las reglas de convivencia-, y con la decisión de poner en marcha nuevos proyectos e iniciativas, que permitan reforzar los principios constitucionales que han de presidir el funcionamiento de las Administraciones Públicas y la labor de los servidores públicos que trabajan en ellas.

Dos fueron las principales decisiones adoptadas por nuestra Junta Directiva –cuya composición fue recientemente renovada, en la asamblea del pasado mes de junio, celebrada en la Biblioteca Pública de Aragón-, una de ellas se refiere a la revisión y puesta al día del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, elaborado al inicio de la legislatura, y precisado de una actualización tras la aprobación por las Cortes de Aragón de su nuevo Reglamento –con novedosos cauces de participación ciudadana- y de la Ley de Integridad y Ética Públicas el 1 de junio, cuya lectura crítica resulta imprescindible para que la regeneración democrática e institucional que precisamos no sea una simple operación de estética y de creación de nuevas estructuras de discutible eficacia; y la otra consiste en el impulso de un Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública, cuya finalidad sea realizar un seguimiento del grado de cumplimiento por parte del conjunto de las Administraciones de la legalidad constitucional y administrativa en materia de acceso al empleo público, asegurando el derecho de los ciudadanos a incorporarse a la función pública conforme a criterios de mérito y eficacia, y corrigiendo los actuales niveles de interinidad existentes en la mayor parte de las Administraciones, lo que supone un claro incumplimiento de la legalidad y un factor grave de desprofesionalización y de debilitamiento de la Administración como elemento esencial del Estado de Derecho, de aseguramiento diario del respeto a la legalidad.

Esta misma semana, representantes de la Asociación iniciarán los contactos para sentar las bases de dicho Observatorio, entrando en contacto con el Presidente de la Asociación de Academias de preparación de oposiciones en Aragón y con otras asociaciones o entidades representativas de funcionarios públicos. Se quiere diseñar un modelo de Observatorio que analice la realidad de las Administraciones aragonesas –autonómica y local, Universidad de Zaragoza, Administración sanitaria y educativa-, capaz de confeccionar un informe anual sobre el cumplimiento de cada una de las Administraciones y un conjunto de indicadores que permita confeccionar un ranking sobre dicho grado de cumplimiento. Agotada la estrategia judicial –tras diez años de impugnación de ofertas de empleo público, con importantes logros y también graves reveses-, es necesario impulsar nuevos modos de continuar nuestra labor de control y exigencia de respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública. Para ello utilizaremos de forma sistemática el derecho de acceso a la información pública –en el marco de la nueva normativa de transparencia- y buscaremos la implicación activa de instituciones como el Justicia de Aragón.

Una vez definido suficientemente el Observatorio en el ámbito autonómico, trataremos de configurarlo a nivel estatal, dando así ejecución al proyecto que el pasado mes de junio miembros de nuestra asociación expusieron en el Congreso Estatal de Empresas de Formación, celebrado en Burgos.

En el actual escenario de tensión y de crisis que vive nuestro país, no podemos dejar de impulsar aquello que debe canalizar la aspiración común de todos los ciudadanos, como es una democracia de calidad, asentada en el escrupuloso respeto a las normas y en la voluntad decidida de respeto a los derechos de los ciudadanos constitucionalmente establecidos, descartando tanto la temeridad que con tanta preocupación observamos –de quienes de modo irresponsable patrimonializan las instituciones catalanas- como la falta de impulso regenerador por los responsables del actual deterioro de nuestro marco de convivencia, olvidando poner el acento de la acción política en las preocupaciones de las personas, olvidando que la razón de ser de todas las instituciones es el servicio a la libertad y bienestar de todos.

viernes, 15 de septiembre de 2017

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.




De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al próximo lunes 18 de septiembre

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 18 de septiembre  de 2017, a partir de las 19 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sita en la calle Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente


Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad del Presidente.
  4. Acciones en materia de transparencia y del Consejo de Transparencia de Aragón.
  5. Preparación del Observatorio del Derecho de Acceso a la Función Pública.
  6. Diseño de las actividades para el último trimestre del año 2017.
  7. Ruegos y preguntas.


Zaragoza, 15 de septiembre de 2017.
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN ARAGÓN: SALUDO A LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FEDERALISTAS DE ARAGÓN.



Desde esta Asociación hemos defendido siempre la trascendencia de que los ciudadanos –y también los servidores públicos, en su incuestionable condición de ciudadanos al servicio del interés general- ejerzan de manera activa su rol cívico, pues la ciudadanía democrática implica una corresponsabilidad en la defensa y fortalecimiento de los valores que nos son comunes –y se hallan plasmados en la norma constitucional- y sirven de fundamento a la convivencia y a la cohesión social.

La salud democrática de un país requiere de una implicación crítica y responsable de sus ciudadanos en los asuntos que conciernen a todos, haciendo del diálogo y de la colaboración una práctica constante que dote de densidad y solidez a nuestra sociedad civil, y permita dotar de fortaleza y cultura cívica a nuestra vida pública, al funcionamiento de nuestras instituciones, dando consistencia efectiva a la exigencia de buen gobierno que debe existir en toda sociedad madura.

No es posible negar el grave momento que vive España a causa de la ruptura del pacto constitucional por parte de las autoridades catalanas, con una quiebra inaceptable de las exigencias del Estado de Derecho que las deslegitima como poder público, y por ello hay que saludar iniciativas ciudadanas que aspiran a fomentar una reflexión abierta, serena y plural sobre la estructura territorial de España y la potencialidad que la idea federal puede suponer para reconducir la peligrosa deriva que hoy afrontamos como comunidad política.

Ayer se constituyó en Zaragoza una asociación denominada Federalistas de Aragón, en la que se agrupan personas de muy variada procedencia dispuestas a compartir un esfuerzo por hallar fórmulas que permitan reforzar la vocación de integración política en España y en Europa, desde el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogobierno territorial, perfeccionando para ello nuestra norma constitucional.

En este blog celebramos dicha iniciativa –por lo que tiene de síntoma saludable de movilización cívica y de responsabilidad democrática- y deseamos hacernos eco del contenido de su manifiesto fundacional, que reproducimos íntegro:


MANIFIESTO FUNDACIONAL
DE LA
ASOCIACIÓN FEDERALISTAS DE ARAGÓN.


Los abajo firmantes

Compartiendo

Que el Estado constitucional social y democrático de derecho es la forma política que garantiza la convivencia en un marco de pluralismo político y asegura el reconocimiento pleno y el libre ejercicio de los derechos y libertades.

Que la autonomía política, al afirmar la capacidad de autogobierno territorial en un Estado descentralizado, garantiza que ese Estado haga suyo el valor de la diversidad y el respeto a las diferentes identidades.

Que, desde el pluralismo que significa la autonomía, la afirmación de la unidad del Estado es condición de solidaridad territorial y cohesión social, redistribución de la riqueza y mejor garantía de los derechos y libertades que conforman la ciudadanía común.

Constatando

Que la Constitución Española de 1978 asumió, junto a la democracia parlamentaria y las exigencias del Estado de Derecho, la pluralidad que da forma a España y diseñó un modelo territorial que ha garantizado la autonomía de nacionalidades y regiones.

Que el Estado Autonómico ha sido un instrumento esencial para desarrollar y consolidar el Estado social, profundizando en la dimensión material de la ciudadanía, llamada a hacer realidad la igual dignidad de todas las personas.

Que Aragón, por historia, geografía y convicción de su ciudadanía, constituye un elemento esencial para la articulación presente y futura del modelo constitucional, tal y como ha demostrado su rol en la configuración y evolución de la autonomía política en la España contemporánea.

Que el transcurso de los años, tras casi cuatro décadas de vigencia de nuestra norma constitucional, ha puesto de manifiesto problemas de diseño y funcionamiento del modelo territorial que afectan tanto a elementos técnicos como a su función instrumental para la integración nacional y la preservación de los intereses colectivos compartidos.

Que resulta preciso abordar una revisión del modelo territorial constitucional, que permita conciliar un avance en el reconocimiento de la diversidad y la capacidad de autogobierno de los territorios y un reforzamiento de las instituciones comunes y de la colaboración entre el conjunto de los territorios de España en los objetivos comunes a todos.

Que el federalismo, como fórmula de articulación territorial profundamente democrática, aporta una solución válida para el momento actual de España como marco político de convivencia, desde la libertad y el respeto mutuo de todos sus territorios y del conjunto de sus ciudadanos.

Declaramos nuestra intención de:

Asumir un compromiso cívico expreso para promover una reflexión sobre el devenir de la forma territorial de España como Estado y como nación.

Propugnar la definición de un modelo territorial que corrija las disfunciones detectadas en el Estado Autonómico y sirva para dar respuesta a los nuevos retos sociales y de gobernanza.

Llevar a cabo dicha tarea desde la reivindicación de los valores innatos al Estado constitucional: libertad, democracia, justicia y solidaridad.

Explorar y difundir la potencialidad del federalismo como fórmula política que, como enseña el Derecho comparado, mejor concilia la unidad y la diversidad, lo singular y lo común en sociedades complejas y plurales como la nuestra.

Impulsar asimismo la perspectiva federal para el perfeccionamiento del proyecto de integración política que representa la construcción europea.

Por todo ello,

Nos proponemos constituir una plataforma cívica abierta y plural para reflexionar desde Aragón sobre el federalismo como fórmula política adecuada para afrontar los retos que la organización territorial plantea a la España contemporánea y para avanzar en el proceso de integración política europea que demanda un mundo globalizado.

Y convocamos a esta tarea de reflexión y debate al conjunto de los ciudadanos y de las organizaciones cívicas aragonesas, para que la voluntad integradora que anima nuestra vida colectiva permita trazar un nuevo horizonte de convivencia democrática para el conjunto de España en una Europa que no renuncie a su proyecto de integración política como federación.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

LLEGA UN INCIERTO SEPTIEMBRE.



Esta Asociación retoma su actividad, dando comienzo al nuevo curso. Convencida de que promover la defensa de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública constituye una tarea más necesaria que nunca, tanto en nuestra sociedad como en el conjunto de las Administraciones y de las instituciones públicas.

El debate y el uso público de la razón –en cualquiera de los ámbitos de convivencia cívica existentes- se convierten hoy en un deber imperioso para el conjunto de la ciudadanía y de los servidores públicos, pues las cuestiones que se están dilucidando estos días en España nos conciernen a todos, y nadie puede eludir su parte de responsabilidad en la solución que demanda el actual desafío a la legalidad constitucional española.

La quiebra de las normas, la usurpación de las instituciones democráticas para colocarlas al servicio de proyectos de exclusión y de ruptura, el desafío constante y el desprecio a las reglas en que se fundamenta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos marcan, en Cataluña y en el conjunto de España, un momento de excepcional gravedad que en modo alguno podemos desconocer.

Es indispensable que los órganos del Estado aseguren la plena vigencia de nuestro ordenamiento constitucional, sin el cual no es imaginable la convivencia en el respeto de los derechos de todos ni cabe admitir la legitimidad de ningún poder público al margen del mismo, pues no hay fuente de legitimidad alternativa al respeto del ordenamiento jurídico y a la observancia de la norma constitucional.

Estamos convencidos del total fracaso de aquellas iniciativas tendentes a menoscabar la democracia constitucional española –como las que se impulsan en este momento desde el soberanismo catalán, con absoluta irresponsabilidad y falta de sentido cívico y democrático-, y como Asociación seguiremos trabajando por objetivos de buen gobierno y buena administración, desde nuestro radical compromiso con el Estado de Derecho y los principios constitucionales, rechazando cualquier discurso identitario que atente contra la configuración plural y libre de la ciudadanía.

miércoles, 30 de agosto de 2017

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EXIGE FOMENTAR EL MÉRITO DE LOS PROFESIONALES FRENTE A LA DISCRECIONALIDAD EN EL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.



Nunca hemos confundido profesionalidad con carrera profesional, ni hemos identificado ésta con mero incremento retributivo. Profesionalidad es competencia, solvencia técnica, compromiso, dedicación, vocación de servicio, reciclaje permanente, y tantas otras cosas que debieran ser un objetivo permanente de los responsables de la función pública, y línea de actuación preferente de la política de recursos humanos de cualquier Administración.

Uno de los elementos esenciales para configurar una Administración profesionalizada es el sistema de provisión de puestos de trabajo, que ha de estar presidido por la objetividad, la aplicación de reglas conocidas y previsibles, y la realización efectiva de los principios de mérito y capacidad. Nos parece evidente que la realidad actual de la Administración autonómica muestra una grave descomposición del sistema de provisión de puestos de trabajo –provocado en buena medida por el reiterado incumplimiento de las normas de acceso a la función pública, con el consiguiente volumen de interinidad que lastra el funcionamiento de todos los mecanismos de provisión-, pues los concursos de provisión de puestos de trabajo no tienen ninguna regularidad, y el mecanismo habitual al que se acude para cubrir vacantes es la comisión de servicios, aplicada de manera totalmente discrecional y sin sujeción a los límites temporales que marca la normativa, realidad a la que todos parecen haberse acomodado. En un sistema de discrecionalidad, sin reglas objetivas, todos tienen la oportunidad de prosperar al margen de sus méritos profesionales, y así las expectativas individuales refuerzan todas las disfunciones del sistema. Todo ello crea una cultura administrativa muy perniciosa, en la que el respeto y la aplicación de las normas ceden ante otros criterios que, con el consentimiento general, parecen regir en la ordenación de la función pública.

Creemos por ello de inaplazable necesidad poner de manifiesto la realidad existente y reaccionar frente a la deriva del sistema de provisión de puestos, cada día más alejado de la normativa, empezando por una severa crítica del uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo, como ámbito en el que domina la discrecionalidad política en los nombramientos, incluidos también los órganos de control (como es el caso de la Inspección General de Servicios o la Intervención General, y ahora la reciente reforma del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, cuyos puestos se cubrirán por el sistema de libre designación, configurando así un sistema de justicia administrativa carente de los requisitos de objetividad e inamovilidad en su composición, y haciendo prevalecer en su designación criterios de confianza sobre mérito profesional).

La libre designación constituye una quiebra de la profesionalidad de la Administración que debemos señalar y superar, restringiendo su ámbito de aplicación, pues su utilización abusiva en cada cambio de gobierno y sus efectos disfuncionales en las estructuras administrativas y en los costes de personal parecen razones más que suficientes para revisar en profundidad su actual regulación.

De cara a ello, esta Asociación se ha dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, para solicitarle información sobre los puestos de libre designación existentes en el conjunto de la Administración autonómica, y la evolución de los mismos en el transcurso de la presente legislatura. A esa petición seguirán otras, sobre los ceses producidos en dichos puestos a lo largo de la legislatura y el coste económico derivado de los mismos. Igualmente nos vamos a dirigir, con la solicitud de igual información, a las principales entidades locales aragonesas, como son los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel y las tres Diputaciones Provinciales.

Esperamos con ello volver a poner de manifiesto una de las más destacadas debilidades de nuestro sistema de función pública, cuya superación requiere de un gran acuerdo y un decidido empeño de profesionalización de la Administración Pública que hoy, lamentablemente, no parece impulsarse desde ningún ámbito de decisión política.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la solicitud de información dirigida al Consejero de Hacienda y Administración Pública:



JULIO GUIRAL PELEGRIN, mayor de edad y con D.N.I. nº 17.130.593, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con nº 01-Z-1989-2007, y con domicilio, a efectos de notificaciones, en C/ León XIII, 21, 4º Centro, 50008-ZARAGOZA, comparece ante ese Departamento y EXPONE.


Que uno de los objetivos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es la defensa y promoción de la profesionalidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, reforzando el sistema de mérito y capacidad en el acceso a los diferentes puestos de trabajo, lo que requiere reducir significativamente el ámbito de la libre designación como forma de provisión de puestos de trabajo, sustituyendo dicha fórmula en las relaciones de puestos de trabajo por la más objetiva y garantista de concurso de méritos.

La aprobación de los decretos de estructura orgánica de la nueva organización departamental de la Administración autonómica y la consiguiente adecuación de las relaciones de puestos de trabajo a la nueva realidad organizativa permite evaluar el impacto de todo ello en las formas de provisión de puestos de trabajo, y en los posibles avances o retrocesos en materia de profesionalización en lo que al sistema de provisión de puestos se refiere.

Tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, han venido a reconocer y garantizar a todas las personas el derecho de acceso a la información pública, como medida de transparencia de la gestión pública.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, solicito de ese Departamento la información disponible sobre el volumen de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma cuya forma de provisión es la libre designación, así como su distribución entre los diferentes Departamentos y organismos públicos, en la forma siguiente:

-         Nº de puestos de trabajo a 1 de julio de 2015 cuya provisión se reserva a libre designación (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nº de puestos de trabajo a 1 de julio de 2017 cuya provisión se reserva a libre designación (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nª de puestos de trabajo de libre designación a 1 de julio de 2015 cubiertos de forma provisional (con distribución por Departamentos y organismos públicos).

-         Nº de puestos de trabajo de libre designación a 1 de julio de 2017 cubiertos de forma provisional (con distribución por Departamentos y organismos públicos).


Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

Zaragoza, 24 de agosto de 2017




lunes, 28 de agosto de 2017

ES MUCHO LO QUE DEBEMOS HACER.



Cuando se acerca ya el inicio del nuevo curso, tras el paréntesis veraniego, todos hemos de retomar nuestra respectiva actividad y corresponde a esta Asociación seguir promoviendo los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el conjunto de las Administraciones Públicas. Contando, para ello, con las limitaciones que nos son propias, y que tratamos de compensar con el esfuerzo de los miembros de la Junta Directiva, dispuestos todavía a dedicar tiempo y energías al análisis de problemas y al debate de iniciativas que tiendan a corregir deficiencias u orientar la configuración deseable de nuestro sistema de función pública.

Hemos de tratar de avanzar en los tres órdenes que nos planteamos: en el de la legalidad, en primer lugar, destacando la constante banalización en que incurren nuestras instituciones en el incumplimiento de las normas, algo que en modo alguno resulta aceptable en un Estado de Derecho, en el que las normas son la máxima garantía de los derechos de los ciudadanos y el límite preciso a la arbitrariedad administrativa y al abuso de poder, y volveremos a reclamar, por ejemplo, algo tan básico como que el Gobierno de Aragón apruebe y remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos antes del próximo 1 de octubre, porque así lo exige el Estatuto de Autonomía de Aragón, y el sometimiento a las normas es condición primordial de cualquier programa de gobierno; en el terreno de la profesionalidad, en segundo lugar, lo que nos llevará a insistir en la obligada limitación de la libre designación en el sistema de provisión de puestos de trabajo –inaceptable resulta lo sucedido con los puestos de reciente creación del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos, tanto en su configuración como en su convocatoria de provisión, con indebidos márgenes de discrecionalidad en su nombramiento-, en el control de las comisiones de servicios, en la configuración de un verdadero programa de formación que contribuya a la especialización funcional y a la orientación de la carrera profesional, y en el control y evaluación del desempeño, para asegurar la calidad deseable de la actividad administrativa; y, por último, en el de la ética pública, lo que nos llevará a insistir en la prevención de los conflictos de intereses y en el control de incompatibilidades, en la implantación de mecanismos de lucha contra la corrupción –que no creemos pase por la creación de entidades como la Agencia de Integridad y Ética Pública, con sus desdibujadas y excesivas competencias-, y en la exigencia de ejemplaridad en los responsables institucionales (razón que nos llevará a insistir en la necesaria dimisión del actual Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, cuyos incumplimientos de la normativa de transparencia le desautorizan para el desempeño de tal función).

Esta Asociación va a proseguir un año más con su trabajo de exigencia y propuesta –labor molesta para algunos, insuficiente para otros, pero también valorada por algunos, aunque puedan ser los menos-, aprovechando en la medida que sea posible los nuevos cauces de participación ciudadana que ha abierto la reciente modificación del Reglamento de las Cortes de Aragón, pero haciendo uso también de los cauces de control y de participación que tradicionalmente hemos venido utilizando, como es la impugnación de actuaciones administrativas, el ejercicio del derecho de petición y la solicitud de acceso a la información pública. Junto a todo ello, además, queremos propiciar espacios abiertos de diálogo y debate sobre cuestiones de interés para la función pública en los que puedan intervenir todos los interesados en avanzar en una Administración profesional al servicio de los ciudadanos.

jueves, 10 de agosto de 2017

TIEMPO PARA COBRAR PERSPECTIVA.



Los días de verano en los que nos encontramos no solo son días de vacación y descanso para muchos –entre los que nos contamos-, sino también días para mirar el horizonte que nos aguarda y cobrar nueva perspectiva, y para hacer acopio de energía con la que retomar y seguir la actividad que como Asociación nos hemos marcado en la defensa de la función pública, justo ahora que se cumplen 35 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón y, pese a todo el tiempo transcurrido, nos hallamos todavía con una Administración autonómica cuyas carencias resultan injustificables, situación que solo cabe achacar a la desidia de los responsables políticos –incluido, por supuesto, el actual gobierno autonómico de Javier Lambán- y al desistimiento de buena parte de los funcionarios públicos en su compromiso con una buena Administración al servicio de los ciudadanos.

El verano también es ocasión propicia para la reflexión –en la que no puede faltar la debida dosis de autocrítica, sobre todo aquello que siendo anómalo e irregular nos hemos acostumbrado a ver como parte irremediable de la realidad administrativa- y para renovar objetivos de mejora o perfilar iniciativas de control y exigencia, pero todo ello desde la premisa de nuestro compromiso personal y directo con el funcionamiento diario de los servicios públicos y el cumplimiento estricto de nuestra función en la aplicación de las normas, en la satisfacción del interés general y en la realización de los derechos de los ciudadanos, única razón de ser de los aparatos administrativos y de los servicios públicos.

Hemos entendido siempre que el papel de los servidores públicos en una sociedad democrática es de una particular relevancia, con el doble cometido de ejecutar el programa político del Gobierno elegido por los ciudadanos –y expresión, por lo tanto, de la voluntad mayoritaria de la sociedad- y de asegurar el respeto de la legalidad y el funcionamiento de las garantías propias del Estado de Derecho –tarea que no corresponde en exclusiva a la Administración Pública, pero que constituye una de sus tareas básicas en nuestro actual modelo constitucional-, y el cumplimiento de esa doble tarea requiere de una necesaria reflexión colectiva, de una cultura organizativa fuertemente comprometida con ambos cometidos y de una conciencia clara de las obligaciones que comporta el papel que nos corresponde en el aseguramiento del buen gobierno y de la buena administración, es decir, cuál es nuestra participación en la calidad democrática de nuestras instituciones.

Desde esta Asociación tratamos justamente de desarrollar la reflexión sobre el papel que ha de cumplir la función pública en una democracia como la española y la contribución que a avanzar y profundizar en tal marco institucional corresponde a todos los que hemos hecho del servicio público nuestra opción profesional.

Gozamos de un estatuto jurídico especial respecto al resto de los trabajadores, estatuto que viene exclusivamente motivado por la trascendencia de nuestra función, con el fin de asegurar nuestra imparcialidad y nuestro neto compromiso con la legalidad constitucional y administrativa, y la principal reflexión de todo servidor público, en fechas propicias como las actuales, ha de dirigirse a evaluar su comportamiento y su compromiso profesional con los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Para no perder la perspectiva necesaria que da sentido a nuestra condición y a la función de servicio que nos corresponde.

miércoles, 26 de julio de 2017

SOLICITADA CONDONACIÓN DE COSTAS PROCESALES AL GOBIERNO DE ARAGÓN: EL COSTE AGRAVADO DE COMBATIR LA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA.



Recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo que resolvía el recuso de casación formulado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que obligaba al Gobierno de Aragón a aprobar oferta de empleo público para 2014 en el ámbito de administración general, rechazando la inactividad normativa en la que se había incurrido por el Gobierno de Aragón, no solo dejaba sin efecto el pronunciamiento favorable previo del TSJA sino que, además, condenaba en costas a esta Asociación en una cuantía no superior a mil quinientos euros.

No tardó en recibirse el escrito de la Letrada de la Administración autonómica fijando tales costas en 1.500 euros –agotando la cuantía máxima autorizada por el Tribunal Supremo-, dando un plazo de quince días para su abono. Frente a ello, esta Asociación se ha dirigido al Director General de los Servicios Jurídicos, para solicitar que eleve al órgano competente la propuesta de condonar o fijar en cuantía simbólica las costas correspondientes a dicho proceso judicial.

Fue el Gobierno de Aragón quien no quiso aceptar y ejecutar la sentencia favorable al derecho de los ciudadanos dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (en la que, por cierto, se condenaba en costas a la Administración autonómica), y promovió el recurso de casación, lo que obligó a esta Asociación a asumir nuevos gastos jurídicos –de abogado y procurador ante el Tribunal Supremo-, con el resultado final de la condena en costas.

Entendemos que la condena en costas tiene sentido cuando litigan particulares en defensa de sus respectivos intereses, o cuando particulares defienden intereses privados contra el interés general que corresponde defender a la Administración, pero es muy distinta la situación en aquellos procesos en que intervienen entidades sin ánimo de lucro que asumen la defensa de derechos ciudadanos (como es el derecho de acceso a la función pública) frente a la arbitrariedad administrativa o la vulneración de las leyes por parte de los poderes públicos. No solo la Administración utiliza recursos públicos para defender sus incumplimientos de la ley, sino que además, como en el presente caso, pretende que los particulares que reaccionan frente a esa arbitrariedad, asumiendo el esfuerzo y los costes de la defensa de la legalidad constitucional, se vean penalizados por la condena en costas, fijándose la cuantía de éstas en el máximo autorizado, sin consideración alguna de las circunstancias de lo que se defiende y cómo se defiende.

Es evidente que con estas reglas resulta enormemente gravosa la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, y  la capacidad de litigar de las entidades ciudadanas acaba finalmente anulada, en medio de la indiferencia general, como si ello no supusiera una pérdida significativa para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y un menoscabo preocupante de la capacidad de control de la sociedad civil sobre la arbitrariedad de los poderes públicos.

Nuestra petición de condonación de costas es testimonial, porque creemos que a unos poderes públicos que tratan con la desconsideración que el Gobierno de Aragón ha tratado a esta Asociación en su defensa del derecho de acceso a la función pública no se les debe aceptar su indiferencia, ni cabe admitir que la desigualdad de partida se vea agravada al final de cada proceso judicial, donde un Gobierno democrático se ha permitido destinar sus recursos al objetivo de anular sentencias que dan amparo al derecho constitucional de los ciudadanos de acceder al empleo público. Es fácil hacerlo cuando esa decisión no comporta sanción ni reproche del Parlamento ni de los medios de comunicación. Así se afianza la arbitrariedad de los poderes públicos  y se empobrece la capacidad de respuesta de la sociedad civil frente a ella.

Era cuestión de principios para esta Asociación formular esta petición, aun a sabiendas de que no merecerá la menor consieración por parte de los responsables de la Administración autonómica: pero es necesario que su respuesta quede escrita y se conozca públicamente.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito de petición de condonación de costas procesales:

“María Soledad Gracia Romero, Procuradora de los Tribunales, en representación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en relación con la condena en costas de que ha sido objeto mi representada con motivo del recurso de casación nº 1688/2016, promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), contra sentencia de fecha 23 de marzo de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 44/2015, comparece ante esa Dirección General de Servicios Jurídicos, y visto el escrito de la Letrada de la Comunidad Autónoma en el que fija su minuta de honorarios devengados, expone:

1.     Mediante sentencia de 21 de abril de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta) resuelve recurso de casación promovido por la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón contra la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que se condenaba a la Diputación General de Aragón a aprobar la Oferta de Empleo Público para 2014 en el ámbito de la Administración General, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

Debe puntualizarse, en relación con el escrito dirigido por parte de la Letrada a esta representación, con fecha 27 de junio de 2017, que el recurso de casación fallado por el Tribunal Supremo no fue promovido por la Asociación a la que represento sino por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. 

Que tal recurso de casación se promovió a pesar de los escritos de petición dirigidos desde la Asociación a la que represento al Consejero de Hacienda y Administración Pública y al Presidente del Gobierno de Aragón para solicitar que se aceptase el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dictado en amparo del derecho fundamental de acceso a la función pública, y se procediera a dar ejecución al mismo, una vez firme. 

Frente a ello, el Gobierno de Aragón optó por promover recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la finalidad de anular el fallo del TSJA que estimaba las pretensiones de la Asociación recurrente. 

2.     La Asociación a la que represento es una entidad sin ánimo de lucro, que se sostiene exclusivamente con las aportaciones de sus socios y no recibe ningún tipo de subvención pública, siendo los recursos judiciales que promueve una línea de defensa de los derechos que conforman el modelo constitucional de Administración Pública, como es el caso del derecho de acceso a la función pública. La defensa de la legalidad constitucional y administrativa por organizaciones ciudadanas que no defienden intereses propios de contenido económico, sino el interés general de los ciudadanos, debiera contar con el respaldo de las instituciones, pues a todos interesa que se refuercen los controles de legalidad y no se obstruya la actividad de aquellas entidades que se ocupan, de manera responsable, de ejercer dicho control en áreas concretas de la actividad pública.

3.     Por tal motivo, se solicita de esa Dirección General que lleve a cabo las actuaciones oportunas ante los responsables del Gobierno de Aragón para que se acuerde la condonación de las costas procesales señaladas, o para que éstas queden reducidas a una cantidad estrictamente simbólica, evitando fijar su cuantía justamente en el máximo autorizado por la sentencia del Tribunal Supremo, como se ha hecho por la Letrada actuante, olvidando con ello que la actuación de esos Servicios Jurídicos ya se sostienen con los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que ven negado el derecho fundamental de acceso a la función pública por la falta de adecuación de las ofertas de empleo público a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Con ello no solo no se mermaría de manera grave la capacidad de litigar de la Asociación a la que represento, y cuyos objetivos no son otros que promover la legalidad, la profesionalidad y la ética pública en el seno de las Administraciones, sino que esa Administración demostraría que lo único que le movía al promover el recurso de casación contra la sentencia condenatoria del TSJA era cambiar el signo de la misma, sin modificar los términos de la condena en costas de dicha instancia y sin utilizar ello para desincentivar el control judicial  que es consustancial a todo Estado de Derecho. 

Consecuentemente, ruego den por realizada, mediante el presente escrito, la contestación a la comunicación de la Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre minuta de honorarios devengados con motivo del recurso de casación nº 1688/2016, promovido por la Administración de la Comunidad Autónoma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Cuarta), y a la vista de las razones expuestas, procedan a condonar las costas procesales señaladas o, en su caso, a su minoración hasta una cuantía simbólica, acorde a la cuestión objeto de debate –como es la garantía de los derechos de los ciudadanos- y a la naturaleza de los objetivos propios de la Asociación a la que represento.

Zaragoza, 13 de julio de 2017.”